El futuro de la compañía Mercadería S.A.S., mejor conocida como Justo & Bueno, se ha discutido en los últimos meses cuando empezaron a buscar estrategia para mantener las operaciones.
Sin embargo, el pasado jueves 12 de mayo la Superintendencia de Sociedades declaró su liquidación, tras los plazos superados. Muchos pensaron que este sería el fin de la compañía fundada por el chileno Michel Olmi pero sus representantes no han bajado los brazos y siguen buscando sacar de esta difícil situación a la compañía que emplea de forma directa e indirecta a por lo menos 20 mil familias.
De esta manera y tras una audiencia que duró nueve horas, el juez al frente del caso, Santiago Londoño, decidió darle una última oportunidad para estudiar una figura legal que consiste en evaluar dos propuestas que podrían salvar a la cadena de supermercados del fin.
Esta última opción tiene que ver con el Decreto 560 de 2020 que en el artículo 6 propone el “Salvamento de empresas en estado de liquidación inminente”, una norma que busca rescatar aquella empresas y conservar sus unidades productivas, a través de acreedores que puedan evitar la liquidación judicial de un deudor afectado por:
“las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, manifestando su interés en aportar nuevo capital, en los términos que se indican a continuación, siempre y cuando se evidencie con la información que reposa en el expediente que el patrimonio de la concursada es negativo”.
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Esto quiere decir que, si Justo & Bueno logra conseguir un o varios inversionistas que estén dispuestos a inyectar recursos y el cambio de acreedores, la compañía se puede salvar.
Además, de acuerdo a la norma, está salida es viable ya que Justo & Bueno ha incumplido con los gastos de administración, lo que permite que se pueda aplicar esta figura jurídica.
Por otro lado, la compañía deberá presentar en un mes un inventario valorado en los bienes que conforman el patrimonio de la compañía junto con los gastos de administración como base para demostrar que la empresa para demostrar que podrán responder.
Cabe destacar que una de los puntos más importantes de este plan es que durante el proceso adelantado con los acreedores, deben buscarse afectar lo menos posible a los involucrados por lo que la Superintendencia escuchó a los trabajadores que seguían a la espera del pago de sus salarios.
De acuerdo a Londoño el liquidador encargado del caso será Darío Laguado Monsalve que en el transcurso de 30 días a partir del nombramiento deberá revisar las cuentas y hacer los movimientos necesarios para salir de deudas y cumplir con los compromisos que pusieron en primer lugar a esta compañía en esta difícil posición.
