En los últimos meses, he sido objeto de múltiples ataques, acusaciones infundadas y "fake news", todo por el firme compromiso con la defensa e impulso de las reformas sociales del Gobierno Cambio. Estas reformas, tal como ha manifestado en múltiples ocasiones el Presidente Gustavo Petro, "no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este Gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos".
Siempre me he destacado como una ferviente defensora de los derechos humanos y una líder social indígena con la misión de promover cambios significativos que beneficien a todos los colombianos, y en particular a los pueblos indígenas del país, a quienes represento con firme convicción y dedicación.
Como parte de la Comisión Séptima del Senado de la República, hemos apoyado y liderado incansablemente para que las reformas sociales dejen de ser una utopía y pasen a ser una realidad. Abogamos por un sistema de protección social integral para la vejez que garantice la pensión y protección a los adultos mayores, por un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo que garantice una atención en salud cercana a la población, sin barreras de acceso y sin discriminación, y por la consecución del trabajo decente y digno, a través de la garantía de estabilidad laboral y la formalización del empleo con justicia social.
Resulta intrigante que desde el 25 de julio de 2023, fecha en que asumí la presidencia de la Comisión encargada de tramitar todas las reformas sociales, y en la cual, con nuestro liderazgo y apoyo, avanzaron otras iniciativas legislativas de nuestra autoría, como la declaración del río Ranchería como sujeto de derechos y la garantía de acceso al agua en La Guajira, se haya desatado una campaña de desprestigio y persecución política en mi contra, e incluso dirigida en contra de mi familia. Estas acciones evidencian hasta qué extremo están dispuestos a llegar estos sectores para obstaculizar las reformas.
El último "gran acto" ha sido involucrarme de forma reiterada, sin ningún tipo de sustento probatorio, rigor y objetividad, con los recientes escándalos de corrupción alrededor de la UNGRD. De manera bastante "ingeniosa", se han valido y acudido a distintas artimañas con el objetivo de generar suspicacia sobre mi labor como congresista, relacionándome y sugiriendo mi participación en las irregularidades de los programas de ollas comunitarias, compra de carrotanques y, el más reciente, la construcción de los jagüeyes en La Guajira.
Recientemente, el periodista Yohir Akerman, en línea con la creatividad que caracteriza todas las erróneas, falsas y difamatorias noticias, publicó un artículo en el que "relaciona" anomalías en los giros de recursos de la UNGRD en el departamento de Santander, con los programas desarrollados en La Guajira y, a su vez, conmigo.
Es sorprendente que intenten vincularme con estas irregularidades y actos de corrupción de manera indirecta, a través de un tercero que fungió como contratista de la UNGRD, como seguramente muchas otros en el país, durante la ejecución de estos programas en La Guajira. Además, intentan respaldar esta supuesta conexión utilizando un video en el que informamos a la ciudadanía sobre la construcción y adecuación de jagüeyes, argumentando un supuesto proselitismo político y favorecimiento a una campaña electoral. Cabe destacar que este video se realizó y publicó en mis redes sociales el 15 de enero de 2024, meses después de las contiendas electorales.
La columna del señor Akerman es una prueba más de la persecución a la que estoy siendo sometida por defender y promover las reformas del Gobierno. Como otras columnas sobre este tema, está plagada de acusaciones infundadas, datos imprecisos y referencias a lugares desconocidos para mí, todo con el único propósito de manchar mi buen nombre y reputación.
Con pruebas y argumentos, hemos desmentido cada una de estas imputaciones falsas y deshonrosas en mi contra. Demostramos que era falsa la acusación de haber influido en la destinación de 170 ollas comunitarias, valoradas en 20.000 millones de pesos, para la campaña de la actual alcaldesa de Albania. No se destinaron ese excesivo número de ollas al Municipio, ni se han contratado estos programas con la actual administración, ni han recibido recursos para tal fin.
Si bien la labor periodística ha sido primordial para destapar el entramado de corrupción alrededor de la UNGRD que viene desde hace muchos años, esto no justifica la difusión de publicaciones con información vaga, inexacta y tergiversada. Tales afirmaciones, carentes de sustento en hechos concretos, no solo mancillan la honra y el buen nombre de quienes abogamos y defendemos los derechos e intereses de los colombianos, sino que también obstaculizan la búsqueda de la verdad y la justicia.
Resulta evidente la existencia de sectores interesados en implicarnos en estos actos. Han tejido una narrativa para convencer a la ciudadanía de que, al ser presidenta de la Comisión Séptima y haber impulsado con éxito iniciativas y reformas como la pensional, próxima a convertirse en ley de la República, obtuve alguna forma de “recompensa”. ¿Quiénes están detrás de estos ataques y qué buscan al desviar la atención de los reales responsables? ¿Por qué se insiste en construir un relato en torno a quienes defendemos las reformas sociales? ¿Qué intereses pueden estar detrás de la forma en que algunos medios difunden estas publicaciones?
Es fundamental que abordemos estos temas con responsabilidad y seriedad. Los ataques personales y las acusaciones sin fundamentos solo sirven para socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas y obstaculizar el progreso hacia un futuro mejor. Mi compromiso con la verdad y la justicia es absoluto y reitero a toda la ciudadanía, en especial al pueblo guajiro, que continuaré luchando por las reformas sociales que tanto necesitamos en el país.
