En medio del creciente clamor global por soluciones efectivas contra el cambio climático, el mercado de carbono en Colombia se encuentra en una encrucijada crítica. La falta de claridad en la postura del gobierno sobre el rol del Estado en este sector vital está generando una profunda incertidumbre entre los actores del mercado, desde las comunidades locales hasta las grandes empresas. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al adoptar un enfoque estatista en sus intervenciones, ha sumado confusión a un panorama ya incierto, afectando la capacidad de planificación y toma de decisiones de quienes dependen de un entorno regulatorio estable, así como se enfría la potencialidad de recibir inversión extranjera y dinamizar el combate a la deforestación, la transición energética y la descarbonización.
Este vacío de dirección ha impedido que los sectores involucrados se preparen adecuadamente para enfrentar los retos y oportunidades que presenta el mercado de carbono. La ausencia de una estrategia clara no solo frena la inversión, sino que también obstaculiza el crecimiento en un sector crucial para la mitigación del cambio climático. En lugar de proporcionar un marco definido, el Gobierno ha dejado a las empresas y comunidades en una constante espera de directrices, exacerbando la incertidumbre y poniendo en riesgo el desarrollo de iniciativas esenciales para el futuro del país.
Además, el retraso en la expedición de las regulaciones clave es un freno considerable para el mercado de carbono. A pesar de que el Ministerio de Ambiente tiene en su agenda la expedición de siete Decretos cruciales desde hace dos años, ninguno ha sido expedido hasta la fecha. Este retraso no solo desmotiva a los inversores, sino que también compromete la competitividad de Colombia en el mercado global de carbono. Sin una regulación adecuada que impulse el desarrollo, el país no puede crear un mercado robusto que contribuya de manera efectiva a la reducción de emisiones y a la adaptación al cambio climático.
La Reforma Tributaria ha tenido un impacto adverso en el mercado. La limitación de la compensación de emisiones al 50% de la demanda de los combustibles fósiles líquidos, ha reducido el volumen de la demanda de créditos de carbono , afectando tanto los esfuerzos de mitigación como el cumplimiento de los objetivos internacionales. Antes de esta limitación, el mercado compensaba aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2 anuales, pero esta cifra se ha reducido a la mitad, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el país y su credibilidad internacional.
Los cambios propuestos en la nueva Reforma Tributaria reflejan una redistribución significativa del recaudo del impuesto al carbono, con una disminución drástica del porcentaje destinado a actividades ambientales, que pasa del 80% al 27% en la distribución del recaudo del impuesto nacional al carbono. Esto sugiere un cambio en la prioridad del uso de estos fondos, con una mayor proporción destinada al Presupuesto General de la Nación (66%), lo que podría diluir el impacto específico del impuesto en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Además, la reducción del porcentaje destinado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) de 20% a 7% podría limitar la capacidad de este programa para cumplir sus objetivos en las zonas más vulnerables. Estos cambios podrían interpretarse como un alejamiento de un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental hacia uno más orientado al financiamiento general del Estado.
De otra parte, no se conoce con que bases técnicas y análisis macroeconómicos se propone incrementar la tarifa del impuesto al carbono, ni tampoco dice nada sobre los impactos que esta decisión traería como consecuencia de su aplicación, más allá de la retórica de que se busca reducir el consumo de los combustibles fósiles, lejos de contar con medidas ciertas y efectivas que permitan lograrlo.
Es crucial que el gobierno aclare su postura y establezca un marco regulatorio predecible para los mercados de carbono, que fortalezca la seguridad jurídica necesaria para que se fortalezcan y dinamicen al futuro. La falta de una estrategia definida y los retrasos en la regulación están afectando negativamente la capacidad de Colombia para cumplir con sus compromisos internacionales y para liderar en la lucha contra el cambio climático.
Solo con una dirección clara y una regulación efectiva se podrá garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del país y un desarrollo sostenible.
