Trae en estos días la prensa una noticia de esas que suelen pasar desapercibidas y que, sin embargo, retratan de cuerpo entero a un país como Colombia, y creo que debería hacernos reflexionar a todos. Otra vez nos enteramos de que una persona inocente ha pasado varios años en la cárcel por un error judicial. ¿Cuándo comprenderán los colombianos que una sociedad sin justicia es una sociedad fallida, inviable, despreciable ante los ojos de la comunidad internacional?
Según cuenta El Espectador, en 2007 la presentadora Carolina Cruz y el actor Daniel Arenas fueron víctimas de un “paseo millonario” en el norte de Bogotá. Seguramente por tratarse de dos personas bien conocidas –esta celeridad no suele darse con los ciudadanos normales y corrientes–, las autoridades capturaron a José Fabio Cano, a quien presentaron como “El Rey del Paseo Millonario”. En septiembre de 2011, el hombre fue condenado a 40 años de cárcel y hoy sigue preso en la cárcel de Acacias, Meta.
Desde el momento de su captura hasta hoy, José Fabio Cano lleva tratando de demostrar su inocencia. Es más, durante las diligencias judiciales Carolina Cruz reconoció que él no había sido el hombre que la robó y mantuvo secuestrada a punta de metralleta junto a su entonces novio, Daniel Arenas, la noche del primero de febrero de 2007.
Bien, pues ahora resulta que James Eduardo Vargas Prieto, en el programa de televisión Testigo Directo ha dicho que él es el verdadero culpable y que “es injusto lo que está pasando con este señor (José Fabio Cano). El de los hechos soy yo”. Luego narró con lujo de detalles cómo fue el atraco en cuestión.
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Foto: Agencia de Noticias RPTV/ James Eduardo Vargas Prieto el verdadero culpable[/caption]
Este es un caso recurrente en la administración de justicia colombiana. ¿Quién va a compensar los once años de libertad perdidos a José Fabio Cano? No hay dinero en el mundo para pagar la pérdida del bien más preciado después de la vida, por una sentencia injusta. Y la justicia colombiana es especialista en dictar este tipo de sentencias. Y las autoridades de este país son duchas en privar de la libertad a gente que no tiene que ver con un delito.
Hay muchos casos anónimos de gente que cae al infierno de una prisión en este país sin tener nada que ver con la fechorías que les atribuyen. He conocido alguno. Solo suele saberse de los casos en los que se ven involucrados personajes públicos o notorios.
El caso del político vallecaucano Sigifredo López, por ejemplo. Encarcelado bajo la acusación de haber sido cómplice en el secuestro y muerte de sus compañeros por parte de las Farc. Con ese sumario supimos las graves fallas sistemáticas y prácticas indebidas al interior de la Fiscalía y la existencia de un cartel de investigadores y de falsos testigos manipulados con fines políticos.
El caso de Héctor Paul Flórez Martínez acusado del asesinato de Álvaro Gómez. El hombre pasó 18 años entre rejas y resultó inocente. Al punto de que, al no tener medios para defenderse, fue la familia del político conservador asesinado la que le ayudó a probar su inocencia.
Y el caso sangrante y doloroso de Alberto Júbiz Hazbum, acusado de la muerte de Luis Carlos Galán sin nada que ver con ese asesinato. Un hombre de 53 años, un “turco” jobial, químico de profesión, conocido en Barranquilla su ciudad, presentado a los pocos días de la muerte de Galán como un terrorista llegado del Medio Oriente a perpetrar el magnicidio. El director del DAS, Miguel Maza Márquez, dio detalles de “cómo había preparado el crimen”.
Destrozaron la vida del señor Júbiz Hazbum y la de su familia y el hombre murió de un infarto a los 63 años al poco de salir de la cárcel. Esta práctica infame tan colombiana tiene siempre la misma respuesta por parte del Estado: “Qué pena con usted”. Y como digo, estos apenas son los casos famosos.
Este es el país que pretende ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¿Sabrán los gobernantes colombianos lo que es la OCDE? ¿Sabrán los estándares de educación y de justicia exigidos para ingresar en un club tan exclusivo? Y no se le cae la cara de vergüenza al país de los “falsos positivos”, de los carteles de la toga o de los falsos testigos por pedir el ingreso en ese organismo. Que se sienten a esperar.
Foto: Agencia de Noticias RPTV/ James Eduardo Vargas Prieto el verdadero culpable[/caption]
Este es un caso recurrente en la administración de justicia colombiana. ¿Quién va a compensar los once años de libertad perdidos a José Fabio Cano? No hay dinero en el mundo para pagar la pérdida del bien más preciado después de la vida, por una sentencia injusta. Y la justicia colombiana es especialista en dictar este tipo de sentencias. Y las autoridades de este país son duchas en privar de la libertad a gente que no tiene que ver con un delito.
Hay muchos casos anónimos de gente que cae al infierno de una prisión en este país sin tener nada que ver con la fechorías que les atribuyen. He conocido alguno. Solo suele saberse de los casos en los que se ven involucrados personajes públicos o notorios.
El caso del político vallecaucano Sigifredo López, por ejemplo. Encarcelado bajo la acusación de haber sido cómplice en el secuestro y muerte de sus compañeros por parte de las Farc. Con ese sumario supimos las graves fallas sistemáticas y prácticas indebidas al interior de la Fiscalía y la existencia de un cartel de investigadores y de falsos testigos manipulados con fines políticos.
El caso de Héctor Paul Flórez Martínez acusado del asesinato de Álvaro Gómez. El hombre pasó 18 años entre rejas y resultó inocente. Al punto de que, al no tener medios para defenderse, fue la familia del político conservador asesinado la que le ayudó a probar su inocencia.
Y el caso sangrante y doloroso de Alberto Júbiz Hazbum, acusado de la muerte de Luis Carlos Galán sin nada que ver con ese asesinato. Un hombre de 53 años, un “turco” jobial, químico de profesión, conocido en Barranquilla su ciudad, presentado a los pocos días de la muerte de Galán como un terrorista llegado del Medio Oriente a perpetrar el magnicidio. El director del DAS, Miguel Maza Márquez, dio detalles de “cómo había preparado el crimen”.
Destrozaron la vida del señor Júbiz Hazbum y la de su familia y el hombre murió de un infarto a los 63 años al poco de salir de la cárcel. Esta práctica infame tan colombiana tiene siempre la misma respuesta por parte del Estado: “Qué pena con usted”. Y como digo, estos apenas son los casos famosos.
Este es el país que pretende ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¿Sabrán los gobernantes colombianos lo que es la OCDE? ¿Sabrán los estándares de educación y de justicia exigidos para ingresar en un club tan exclusivo? Y no se le cae la cara de vergüenza al país de los “falsos positivos”, de los carteles de la toga o de los falsos testigos por pedir el ingreso en ese organismo. Que se sienten a esperar.
