En 22 juicios por concubinato estudiados, tres mujeres –Matea Saucedo, Victorina y Javiera Rodríguez– fueron vendidas por sus amos y concubinos, quienes solo tuvieron que pagar costos legales.
Otras seis fueron desterradas –María de la Cruz Zapata, María Zapata, María Antonia, Rita Franco y Teresa– y nuevamente los hombres solo pagaron multas. Tres mujeres más fueron sancionadas con sujeción, y a una se le negó la libertad de sus hijos. En siete casos no se conservan los registros de los fallos.
Ese acceso desigual a la justicia y la instrumentalización del cuerpo de las mujeres fueron analizados por María Juliana Ramírez, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, que estudió 26 expedientes judiciales que reposan en el Archivo Histórico de Antioquia.
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En esos casos encontró a 22 mujeres –14 de ellas esclavizadas– que fueron procesadas por “ilícita y mala amistad, concubinato, matrimonio desigual o concubinato adulterino con hombres” que, en el caso de las esclavizadas, eran sus amos. En esos procesos judiciales la categorización racial entre mulatas y negras era una de las primeras tareas de alcaldes y gobernadores, quienes actuaban como jueces naturales.
“Ellas casi nunca tenían defensa, aunque existía la figura del Procurador de Menores, que debía acompañarlas”, contó la investigadora. Eso también da cuenta del valor que se les daba a estas mujeres, pues el “menores” no hacía referencia a su edad sino a su condición racial frente a los blancos y nobles.
En la investigación de la magíster Ramírez se estableció que la persecución a las relaciones ilícitas se incrementó a partir de 1780, por orden del visitador Juan Antonio Mon y Velarde, quien pidió revisar los expedientes sobre concubinatos, adulterios y amancebamientos.
“A pesar de tratarse de relaciones sexuales, los delitos se juzgaban como públicos porque se consideraba que cuando una mujer esclavizada tenía relaciones con alguien distinto a su amo, generaba escándalo y el asunto se convertía en algo de interés civil; y si había relaciones extramatrimoniales, se consideraba además una ofensa a Dios, algo que en la época era casi un delito público”, revela la investigadora.
Castigos severos
Al revisar los expedientes encontró que en pocos casos las mujeres podían declarar como testigos y que aquellas que estaban casadas debían contar con la autorización de sus esposos para hacerlo, e identificó que los castigos eran severos e iban desde el destierro hasta su venta a otros amos.
Esta última medida era popular, pues al sacar a la mujer de la comunidad se creía que se velaba por la integridad del matrimonio del hombre implicado. Así sucedió con Juana Zapata, una mujer procesada por concubinato con José Molina. Ella, que era casada, fue desterrada con su esposo a un predio cerca del río Cauca donde había minas “y trabajo para la gente de su categoría”. A Molina, entre tanto, solo lo obligaron a pagar los gastos del juicio.
Pero también hubo casos en los que dichas mujeres buscaron herramientas para conseguir la libertad de sus hijos, muchos de ellos producto del concubinato. Así pasó con Rita de la Torre y Carmela de Areiza, dos mulatas esclavizadas que lograron que los jueces les entregaran a sus hijos los certificados de libertad que los salvaban de la esclavitud.
“Esta investigación revisa la historia para darles voz a personas que no la tuvieron en su momento. Y aunque ellas no escribieron esas historias, los expedientes judiciales sí nos hablan de ellas y lo que les ocurrió”, concluye la magíster.
