La Corte Constitucional ordenó establecer medidas urgentes para proteger del contagio del coronavirus a los reclusos y funcionarios de la cárcel de Villavicencio, donde actualmente se reportan 679 casos confirmados de Covid-19.
El alto tribunal dispuso que, entre otras medidas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debe actualizar la información de las personas privadas de la libertad dentro de las tres próximas semanas y tener un plan de atención de las detenciones domiciliarias.
La información sobre las personas condenadas que ya hayan cumplido su pena o las 3/5 partes de esta, deberá ser enviada a los jueces de ejecución de penas para que se tramite la libertad correspondiente.
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Por otra parte, la Corte le dio cinco días de plazo al Consejo Superior de la Judicatura para que “diseñe y emita un plan de contingencia que permita a los jueces penales de Villavicencio adelantar las audiencias sin riesgo de congestión judicial por las solicitudes de libertad.
“Para el efecto, podrá disponer de la creación de plazas de jueces y empleados o trasladar temporalmente personal de otros despachos o municipios circunvecinos, de conformidad con las cargas laborales y las necesidades del servicio”, expresó la Corte.
La orden de la Corte también está dirigida al Ministerio de Salud para que tome medidas que eviten que las personas que salgan en libertad se conviertan en "posible factor de contagio de Covid-19".
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La Corte dejó claro que serán la Personería Municipal de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo quienes realicen un seguimiento riguroso para verificar el cumplimiento de esta orden.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, una vez recibida la documentación, en tres días debe proceder a solicitar ante la respectiva autoridad judicial la libertad por vencimiento de términos para las personas sindicadas que cumplan los requisitos previstos en las mismas.
De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la Nación, al menos 29.690 personas que se encuentran privadas de la libertad tienen derecho a salir sin aplicar el decreto de casa por cárcel.
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De esa manera, por pena cumplida, hay más de 1.500 que personas podrían salir; 13.742 por haber cumplido las 3/5 partes de la sentencia y 846 personas afectadas por enfermedad catastrófica.
Además, son 13.465 las personas sindicadas con un tiempo mayor de un año y que también tienen derecho a salir, según el Código Penal, y 72 los reclusos pendientes de brazalete electrónico, es decir, que tienen derecho de estar en su casa cumpliendo la condena.
