Una familia, con menores de edad, fue obligada a salir forzosamente de sus predios; entre los victimarios estaría Jesús Alfonso Berrío alias ‘Berrío’ y miembro de la organización criminal del extinto Vicente Castaño y el convicto narcotraficante Felipe Vallejo Vélez quien encabezó el actual despojo, ingresando en compañía de vehículos de la Policía Nacional de Colombia.
En medio de un operativo ilegal, en el que habrían participado además presuntos integrantes de la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación, habrían sido retenidos de manera irregular varios campesinos, junto a menores de edad y un adulto mayor, para despojarlos de sus lugares de residencia y trabajo con el fin de apropiarse del predio que ha tenidos diferentes litigios y amparos a favor del verdadero propietario, el señor Sánchez Ángel.
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Los hechos se presentarón en el municipio de la Ponedera, Atlántico y se espera que sean investigados por los entes competentes. Las víctimas, según sus denuncias, ya habían sufrido un episodio similar en el año 2005 con paramilitares quienes, en el pasado, ingresaron de manera abrupta hasta sus predios y tomaron posesión de éstos, tal como está ocurriendo en estos momentos.
Los afectados ya habían sido reconocidos como víctimas por el Estado colombiano, a través de la Agencia de Restitución de Tierras, quienes hicieron la devolución de los predios que hoy en día nuevamente estarían siendo arrebatados de manera ilegal.
“Estos grupos nos despojaron de tierras que siempre habían pertenecido a mi abuelo. Gracias al programa de Restitución de Tierras obtuvimos nuevamente estos predios que se nos habían arrebatado de forma violenta. Hoy nuevamente unas personas entraron de manera violenta a nuestros predios y estamos siendo amenazados y violentados por estos grupos criminales”, denunció Alejandra Barón Sánchez, víctima del despojo de tierras.
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Ante estas graves denuncias, parte de la familia, que se encuentra exiliada en Estados Unidos, pide a las autoridades tomar cartas en el asunto e investigar lo que sería un despojo de tierras y una clara violación de derechos humanos.
Desplazamiento forzado en Colombia tuvo en 2022 su cifra más alta en una década
Colombia sufrió en 2022 hasta 339.000 nuevos movimientos forzosos por violencia armada, la cifra más elevada en una década, en parte debido al aumento de los ataques de grupos armados no estatales, según un informe anual sobre desplazados internos en el mundo presentado hoy.
Según el estudio de las ONG Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) y Consejo Noruego de Refugiados (NRC), las zonas más afectadas por estos desplazamientos forzosos fueron los departamentos suroccidentales de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño.
Sin embargo, el fenómeno afectó también a otras subdivisiones del país, como Antioquia, Chocó, Córdoba, Caquetá, Cesar y Magdalena.
El informe subraya que buena parte de los incidentes se produjeron en la primera mitad del año, y que los grupos armados no estatales en muchos casos centraron sus ataques y amenazas contra líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y del medioambiente, forzándoles a huir.
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Tras estos movimientos, el número total de desplazados internos en Colombia se situó a finales de 2022 en 4,8 millones, un ligero descenso frente a los 5,2 millones registrados en 2021, según destacó el informe.
La mayoría de estos desplazados internos (4,76 millones) están lejos de su hogar a causa del conflicto y la violencia, mientras que 41.000 han sido víctimas de desastres naturales, de acuerdo con el estudio global.
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Colombia concentra un 71 % de todos los desplazados internos de América, aunque el estudio matiza que es uno de los países del mundo con registros más avanzados y completos sobre este fenómeno, lo que podría explicar que sus cifras sean mucho más altas que otros países del continente afectados por similares niveles de violencia y crisis.
En el país también hubo el pasado año 281.000 movimientos de desplazados internos relacionados con los desastres naturales, especialmente personas evacuadas por inundaciones en los departamentos septentrionales de Sucre y Bolívar.