La Superintendencia de Servicios Públicos anunció una significativa reducción del 20.23% en las tarifas de energía para los departamentos de Guajira, Atlántico y Magdalena. Esta medida responde a la decisión de la empresa Air-e, actualmente bajo intervención, de eliminar del recibo de energía los cobros correspondientes a la tasa de seguridad, aseo y alumbrado público.
Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, explicó que esta disminución es una medida preliminar en el marco de un proyecto de ley diseñado para devolver saldos y beneficiar a los estratos uno, dos y tres. Esta iniciativa es parte de los compromisos del Gobierno del Cambio, enfocados en garantizar la justicia tarifaria, especialmente para las comunidades más vulnerables.
“Desde la Superservicios estamos implementando los tres principios constitucionales para las tarifas: garantizar la compra de energía a precios justos, eliminar sobrecostos e intermediarios, y asegurar condiciones de igualdad y solidaridad tarifaria. Además, hemos adoptado otras medidas técnicas para reducir las facturas de energía”, afirmó Quiroga.
Este anuncio es un alivio para muchos hogares en las regiones afectadas, donde los costos de los servicios públicos han representado una carga considerable para las familias de menores ingresos. La eliminación de cargos adicionales podría permitir a los habitantes de estos departamentos respirar un poco más tranquilos, aliviando parte de la presión financiera que enfrentan.
Además, el superintendente reveló que se están evaluando posibilidades de reducción en las tarifas de energía para otros departamentos, como Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. Esto sugiere un compromiso continuo por parte de la Superintendencia para abordar las necesidades tarifarias de diferentes regiones del país.
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La reducción de tarifas es una medida que no solo busca beneficiar a los usuarios finales, sino también contribuir a un sistema energético más justo y accesible en Colombia. Con estas acciones, la Superintendencia se posiciona como un actor clave en la defensa de los derechos de los consumidores y en la promoción de una política energética más equitativa.
