La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá ha iniciado una investigación disciplinaria contra Gustavo Alejandro Gallego Hernández, vicepresidente de Auditoría Corporativa del Grupo EPM, quien llegó al cargo durante la administración de Jorge Carrillo, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos necesarios para ocupar dicho puesto. La apertura de esta investigación sigue a la entrega de un informe por parte de Simón Molina, secretario privado del alcalde Federico Gutiérrez, que alegaría que Gallego Hernández no cumplía con los requisitos exigidos para su puesto.
Gallego Hernández fue designado en diciembre de 2021 para el cargo de vicepresidente de Auditoría Corporativa bajo la gerencia de Jorge Andrés Carrillo. Sin embargo, el informe revelado indica que, para ser considerado elegible para este rol, es necesario cumplir con ciertos requisitos educativos y de experiencia. Entre estos se incluyen un título profesional, un título de maestría y al menos 52 meses (4,3 años) de experiencia en asuntos de control, o bien, si el título de posgrado es una especialización, una experiencia mínima de 64 meses (5,3 años).
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El cuestionado funcionario, que es abogado de profesión con dos especializaciones y una maestría en áreas de la abogacía, habría sido señalado por no cumplir con los requisitos de experiencia profesional necesarios. El informe de Molina sugiere que, a pesar de sus credenciales académicas, su experiencia en control y auditoría acumulada en cargos anteriores no alcanzaría los 52 meses requeridos, ya que solo sumaría 48,43 meses, según los datos de su hoja de vida.
La llegada de Gallego Hernández a EPM ya había sido objeto de controversia desde su inicio. La crítica se centró no solo en la supuesta falta de experiencia, sino también en su vinculación política, dado que en ese momento era pareja sentimental de Liliana Ramírez Quintero, prima del exalcalde Daniel Quintero, y había sido nombrado en su puesto anterior por Quintero.
Además de su experiencia en Emvarias, donde desempeñó funciones cuestionadas, Gallego Hernández había trabajado previamente como personero delegado y contralor auxiliar de Medellín, así como contratista del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Sin embargo, el informe cuestiona si los roles desempeñados en estos cargos estaban directamente relacionados con control y auditoría, como se requería.
La investigación abierta por la Procuraduría deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses, lo que deja a la espera la resolución final sobre las acusaciones presentadas. Este nuevo escándalo se suma a las controversias que han marcado la administración de Jorge Andrés Carrillo en EPM, quien recientemente fue designado presidente de ISA, en un nombramiento que ha generado dudas respecto a su idoneidad y cumplimiento con los estándares internacionales de legislación anticorrupción para empresas listadas en bolsa.
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La comunidad y los medios de comunicación observan con atención el desenlace de esta investigación, mientras se cuestiona la validez y transparencia de los procesos de nombramiento en el ámbito empresarial y gubernamental.
