En las últimas horas se dio a conocer que el presidente Gustavo Petro se dirigió con su cúpula militar hacía el Catatumbo, situada en el noreste de Colombia, se vive una grave situación de violencia que ha dejado un saldo de más de 30 personas asesinadas y al menos 70 familias desplazadas.
Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocidas como el grupo de “Calarca” han intensificado la crisis humanitaria en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el país.
Entre las víctimas se encuentran cinco firmantes de paz del acuerdo de 2016, lo que ha generado una gran alarma en el ámbito político y social.
Un escenario de violencia y desplazamientos
Desde principios de enero, la situación en el Catatumbo ha empeorado de manera alarmante. Las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc de “Calarca” se han intensificado, provocando no solo la muerte de más de 30 personas, sino también un masivo desplazamiento de población. Alrededor de 70 familias han abandonado sus hogares para escapar de la violencia, buscando refugio en las ciudades cercanas o en territorios menos afectados por los enfrentamientos.
Entre los fallecidos se encuentran cinco personas que, pese a haber firmado el acuerdo de paz con el gobierno en 2016, han sido asesinadas en el marco de los combates. Este hecho ha revivido los temores de que el proceso de paz con las guerrillas sea irreparablemente dañado, además de cuestionar la efectividad del desarme y la reintegración de excombatientes al país.
La respuesta del gobierno: suspensión de la mesa de diálogo y despliegue militar
Ante la creciente ola de violencia, el presidente Gustavo Petro ha tomado decisiones drásticas. En primer lugar, ha suspendido la mesa de diálogo con el ELN, que estaba en curso como parte de un esfuerzo por lograr la paz en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Esta suspensión ha generado un debate sobre el futuro de los acuerdos de paz con el grupo guerrillero, que se encontraba en una fase de acercamiento con el gobierno.
Además, el presidente Petro ha ordenado el envío de 300 soldados a la región para tratar de controlar la situación y garantizar la seguridad de la población. La presencia militar tiene como objetivo frenar la escalada de violencia entre los actores armados ilegales y proteger a las comunidades que se encuentran atrapadas en medio de los combates.
La declaración de emergencia en Cúcuta
Ante el flujo masivo de desplazados, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha declarado el estado de emergencia en su ciudad para hacer frente a la crisis humanitaria. Acevedo comparó la situación actual con la vivida en la época de los paramilitares, resaltando la magnitud del fenómeno de desplazamiento que afecta a su comunidad.
“El sufrimiento de las personas desplazadas es insoportable. Desde los tiempos de los paramilitares no se había visto algo similar. Necesitamos ayuda urgente para atender a los afectados”, declaró el alcalde, quien ha solicitado al gobierno central y a organismos internacionales el envío de recursos y asistencia para garantizar la atención a los desplazados, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
La situación en el Catatumbo continúa siendo incierta y peligrosa. La violencia que genera el conflicto entre grupos armados ilegales sigue afectando a las comunidades más vulnerables, y la inestabilidad política y social aumenta la preocupación de los colombianos. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un reto mayúsculo para restablecer la paz en las regiones más afectadas y garantizar la protección de los derechos humanos de la población civil. La clave será encontrar un equilibrio entre la fuerza militar y la diplomacia, sin perder de vista la necesidad de atender la crisis humanitaria que ya está afectando a miles de personas.
