El pulso entre el gobierno, el gremio taxista y las plataformas de transporte continúa, esta vez con un borrador de proyecto de ley sobre la mesa que amenaza con duras sanciones tanto para las aplicaciones como para los conductores y usuarios. Documento que en caso de llegar a ser radicado y aprobado, podría traer consigo millonarias multas para todos los involucrados en la prestación informal del servicio de transporte.
Todo esto comenzó, precisamente, por la filtración de este borrador y el fuerte rechazo que este generó entre los que apoyan a las aplicaciones de transporte. Uno de ellos fue, por ejemplo, el exrepresentante José Daniel López, actual director de Alianza Inn, quien precisó que una acción como estas podría dejar “sin fuente de ingresos” a más de 100 mil personas.
De acuerdo con López, una de las medidas más preocupantes del documento que estaría preparando el Gobierno, con el ministro Guillermo Reyes en cabeza de la cartera del transporte, tiene que ver con “bloquear en Internet a las apps que intermedien servicios de movilidad con vehículos particulares”. Una acción sin antecedentes en materia de regulación digital.
El artículo mencionado por el exrepresentante es el 67 del borrador, que determinaría “la desconexión de medios de comercio electrónico-plataformas tecnológica”, especificando que efectivamente la idea es desconectar hasta por 30 días del internet a las plataformas que permitan la prestación de servicios de transporte en carros particulares sin autorización para tal fin.
Todavía peor, se específica que cuando se incurra en esta conducta, aplicará una multa superior a los 21 millones de pesos (500 UVT) para operadores, administradores y agentes del medio de comercio electrónico o plataforma. Además, para los dueños de la aplicación, dígase Uber, Didi o similares, esa multa podría ser hasta de 2.5 mil millones de pesos (6 mil UVT).
No obstante, lo más polémico tiene que ver con las multas y sanciones para conductores y usuarios, a los que se les podría llegar a cobrar hasta $10’603.000 simplemente por utilizar la aplicación. De hecho esta sanción también aplicaría para establecimientos de comercio que sirvan como intermediarios de este servicio, quienes no cumplan con normas de transporte de mercancías y un largo etcétera.
Por su lado, los conductores podrían ver inmovilizado su vehículo por 30 días la primera vez, por 60 en la segunda y hasta por 90 la tercera vez. Aún así, en caso de poder subsanar la acción que originó todo, el conductor podrá salir de patios pagando poco más de un millón de pesos (25 UVT) por cada diez días de sanción. Una desproporción que ha causado tremendo alboroto político y que tiene entre la espada y la pared al Ministerio de Transporte que tiene que balancear las peticiones de los taxistas y las aplicaciones.
¿Regular o prohibir? El debate eterno
En medio de todo, han surgido infinidad de posiciones en lo que podría ser un nuevo duelo entre taxistas y plataformas de transporte a pocos días de que reinicie la labor del Congreso de la República. Escenario en el que es notable el lobby tanto de los taxistas como de las apps de movilidad, que desde ya cuentan con el apoyo de varios congresistas que se niegan a la posibilidad de oficializar la persecución en contra del transporte informal.
Desde el Ministerio de Transporte, la posición oficial ha sido recordar que es deber de esa cartera “velar porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios”, aunque también reconoce que lo es la modernización del transporte. En todo caso, en contravía de su propio borrador, el ministro Reyes salió a dar un parte de tranquilidad asegurando: “No vamos a prohibir las plataformas”.
Esto sucedió en medio del caos que se vivió en Bogotá y otras partes del país por las protestas de conductores de aplicaciones que se niegan a la prohibición y abogan por la libertad del usuario a utilizar la modalidad de transporte que desee. Episodio que terminó en una escalada de enfrentamientos entre la Policía y los dueños de los vehículos que obstaculizaban el tráfico.
Lejos de todo ello, lo cierto es que esta no es la primera vez que propuestas tan estrictas se la juegan en el legislativo, aunque ciertamente allí el ambiente está mucho más orientado a la regulación que a la prohibición. Mismo camino que ahora parece querer recorrer el ministro Reyes, quien ya anunció que se reunirá con los voceros de aplicaciones el siguiente miércoles 1 de febrero.
Dentro de los temas a tratar estarán: delimitar las sanciones al transporte informal, al tiempo que entender las necesidades de cada quien para desarrollar un marco normativo que pueda igualar la cancha entre todos los actores de la prestación del servicio de transporte.
Al final, el meollo del asunto sigue siendo el mismo en este eterno debate: un sector del taxi tremendamente centralizado, un mercado de cupos restrictivo para nuevos conductores, sumado a una carga de pólizas que por norma deben pagar los taxistas, frente a un .limbo normativo de aplicaciones que más allá del SOAT y demás gastos de vehículo no tienen mayor obligación. Habrá que esperar si al final el nuevo duelo lo gana la regulación o la prohibición.
