En el marco del Día Internacional Contra el Reclutamiento Infantil varios congresistas del Centro Democrático insistieron en que los responsables de delitos de lesa humanidad, como lo es el reclutamiento infantil, deben renunciar a sus curules en el Congreso de la República.
En Colombia, esta problemática tuvo una relación directa con el conflicto armado y desencadenó otros hechos que perjudicaron a miles de niños, como el desplazamiento forzoso, orfandad, violencia sexual y secuestro. La Fiscalía afirma que hay más de 5.000 miembros de las Farc procesados por este delito, que ahora son competencia de la JEP. Precisamente este tribunal, abrió un caso por los hechos, denominado el 007, por el cual escuchó a 15 de sus excabecillas, incluidos los actuales senadores Carlos Lozada y Pablo Catatumbo. Sin embargo, no hay aceptación de responsabilidades ni acusaciones.
Ante la eventual responsabilidad de congresistas de las Farc, ahora Comunes, la representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, señaló que los responsables de delitos de lesa humanidad no deben ostentar curules en el Congreso de la República.
Sin embargo, "de manera abusiva el señor Juan Manuel Santos victimizó a las víctimas de las Farc y puso a los responsables de delitos de reclutamiento, violación y secuestro en el Congreso". Por eso, una vez más exigió y le pidió a la sociedad que sumen sus voces para que no haya responsables de delitos de lesa humanidad en el Congreso.
"¡Fuera reclutadores, fuera violadores, fuera secuestradores de las curules del Congreso de la República!", expresó la representante.
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A su vez, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, señaló que las Farc le han incumplido a Colombia en la entrega de menores de edad reclutados a la fuerza para fortalecer sus filas, "delito que aún niegan con descaro y cinismo ante la JEP".
La senadora explicó que, el pasado 18 de mayo de 2020 en debate de control político expuso dicho incumplimiento de las Farc, ya que de los 6.800 niños reclutados reportados por la Fiscalía General de la Nación en 2016, solo habrían sido entregados 144.
Por su parte, el presidente Iván Duque, sostuvo que el reclutamiento ha sido una de las tragedias más grandes que ha visto la humanidad, pues fueron convertidos en máquinas de guerra, como escudos humanos y como esclavos sexuales de esos los comandantes de esas organizaciones criminales.
"En nuestro país hemos visto esa triste historia repetirse a lo largo de tantas décadas y muchos de los que propiciaron ese reclutamiento nunca han tenido sanción y muchas veces se presentan con desparpajo, desafiantes ante la sociedad pretendiendo dejar en el olvido semejante crueldad", dijo Duque.
La Procuraduría General de la Nación estableció que en el 30% del territorio nacional aumentaron las víctimas de reclutamiento, y se registró un incremento del desplazamiento forzado en cerca del 25% de los municipios del país, de manera particular en Putumayo y Sucre, donde la cifra ascendió a un 50%.
La representante Margarita Restrepo, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca aumentar la condena en prisión para quien reclute a un menor de edad. Actualmente la pena es de 8 a 15 años, y con esta iniciativa las penas irían de 13 a 23 años. El proyecto ya pasó sus tres primeros debates.
