El pasado 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia tomó una decisión que promete tener repercusiones significativas en la política del país: la apertura de una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.
Esta acción ha encendido el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas y ha llevado a Petro a afirmar en su cuenta de 'X' que "Ha comenzado el golpe de Estado".
La indagación se centra en presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
El CNE ha detectado omisiones en el reporte de gastos que ascienden a 3.709 millones de pesos colombianos, superando los límites establecidos por la legislación electoral. La investigación también involucra a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña, y a otros miembros del equipo, incluyendo a la tesorera Lucy Aydee Mogollón y auditores como María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
Entre las irregularidades más notables que han salido a la luz se encuentran:
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Omisión de Aportes: Se ha señalado que la campaña no reportó un aporte de 550 millones de pesos proveniente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
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Préstamos No Reportados: También se menciona un préstamo de 500 millones de pesos recibido del partido Polo Democrático Alternativo que no fue incluido en los registros.
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Pagos a Testigos Electorales: La campaña omitió reportar un gasto de 931 millones de pesos destinado a pagos a testigos electorales.
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Gastos en Propaganda Electoral: Finalmente, se identificó que se omitió un gasto de 356 millones de pesos relacionado con propaganda electoral.
La decisión del CNE se basa en varios artículos de la Constitución y leyes colombianas que regulan la financiación de campañas electorales, tales como el artículo 109 de la Constitución y el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011. Estas normativas son cruciales para garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales. La investigación no solo podría tener consecuencias legales para los involucrados, sino que también plantea serias dudas sobre la legitimidad de la campaña de Petro.
La reacción a la decisión del CNE ha sido variada. Los simpatizantes de Petro consideran que se trata de una persecución política, mientras que la oposición ve la investigación como una oportunidad para cuestionar la legitimidad de la actual administración.
Si se comprueban las irregularidades, las sanciones podrían incluir desde multas económicas hasta la inhabilitación de los implicados para ejercer cargos públicos. Además, la reputación de Petro en el escenario internacional podría verse afectada, dado que su administración ha intentado implementar cambios significativos en la política colombiana.
