La Cámara de Representantes aprobó en último debate un proyecto de ley que prohíbe a los jefes llamar a sus empleados en horarios no laborales y asignar labores que deban desarrollarse fuera de la jornada laboral. La iniciativa busca garantizar que sea respetado el límite de horarios laborales para que los trabajadores puedan disfrutar a plenitud sus espacios de descanso.
"El Congreso de la República da un paso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos y en la actualización de nuestra legislación conforme a las nuevas realidades laborales", expresó el representante Rodrigo Rojas, autor del proyecto que pasará a sanción presidencial.
Los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes, emails, ni cualquier otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral y si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral, establece el articulado de la iniciativa.
Además, el hecho de no atender los llamados de los empleadores si se realizan por fuera de la jornada laboral no generará algún tipo de acción en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc).
"Hoy todos los avances tecnológicos han permitido que luego que el trabajador sale de su trabajo, recibe órdenes por vía correo electrónico, teléfono, WhatsApp y esto le permite es que el trabajador tenga la autonomía de no atender esas tareas fuera de su jornada laboral, sin que vayan a haber acciones en contra de él", expuso el representante.
Del mismo modo, se establecerá la obligatoriedad para empresas y entidades públicas de contar con una política de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. "Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral", advirtió Rojas.
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Esta iniciativa, que pasará a ser Ley de la República en los próximos días, hace parte del conjunto de iniciativas que hacen su trámite en el Congreso y que busca regular sobre las nuevas realidades laborales pospandemia en el país.
Ahora, la iniciativa pasará a conciliación y posteriormente será sancionada por el presidente Iván Duque para que entre en vigencia.