En la Semana Santa, un tiempo propicio para la reflexión, la disciplina y el sentido colectivo, es importante reconocer que las decisiones responsables no siempre son las más populares, pero sí las más necesarias, cuando, además, podrían tener efectos significativos a futuro. La reciente determinación del Banco de la República de mantener su tasa de política monetaria en 9,5%, pese a la presión del Gobierno Nacional por reducirla, es una manifestación clara de una virtud escasa pero esencial: la prudencia. Esta decisión no solo demuestra la prevalencia del análisis técnico sobre los impulsos ideológicos, sino que también reafirma la independencia del Emisor y su compromiso con la estabilidad económica del país.
Desde el punto de vista económico, la decisión cuenta con un respaldo sólido. Si bien la inflación ha venido cediendo, aún permanece por encima de la meta del 3%. Según el DANE, en marzo se ubicó en 5,09%, nivel en el que se ha mantenido estable durante tres meses consecutivos. A esto se suma que las expectativas inflacionarias del mercado continúan elevadas y que los riesgos fiscales se han intensificado, con un déficit proyectado que podría superar el 5,1% del PIB en 2025 y una deuda neta por encima del 60% del PIB.
En este entorno, una reducción prematura de la tasa de política monetaria habría enviado una señal equivocada a los inversionistas, alimentando la percepción de un debilitamiento institucional y un menor compromiso con el control de la inflación y la disciplina fiscal. Esto podría haber provocado una mayor devaluación del peso colombiano y un incremento en las tasas de interés de los títulos de deuda pública, encareciendo el financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado. En otras palabras, ceder ante presiones políticas en este momento habría tenido un costo elevado en términos de credibilidad y estabilidad macroeconómica.
Aunque la actividad económica y el mercado laboral han mostrado señales de resiliencia, esto no fue suficiente para justificar un recorte en la tasa de interés. El consumo privado ha sostenido la demanda interna y la Junta del Banco de la República elevó su proyección de crecimiento para 2025 del 2,6% al 2,8%. Estos resultados fueron utilizados por el ministro de Hacienda y Crédito Público como base para proponer una reducción de 50 puntos básicos, argumentando que una política monetaria más expansiva contribuiría a estimular la economía y a fortalecer la producción nacional frente al avance del proteccionismo global. Asimismo, el jefe de esta cartera sostuvo que el aumento del salario mínimo no ha generado presiones inflacionarias ni ha afectado negativamente el mercado laboral, por lo que, en su opinión, existían condiciones macroeconómicas adecuadas para continuar con el proceso de recortes. No obstante, la mayoría de los miembros de la Junta consideró que, pese a estos elementos, el panorama de incertidumbre fiscal, la inflación aún por encima de la meta y las expectativas del mercado exigían mantener una postura prudente.
Pero, tal vez, el aspecto más relevante de esta determinación es su significado institucional. A pesar de la llegada de nuevos miembros a la Junta con posturas más expansivas y de las reiteradas declaraciones del ministro solicitando recortes agresivos, primó la prudencia. Cuatro de los siete miembros votaron por mantener la tasa, configurando una mayoría técnica que, con rigor y responsabilidad, antepuso los datos y el análisis frente a la presión política. En un momento en que las señales de debilitamiento del compromiso fiscal del Gobierno Nacional han generado ruido en los mercados financieros —reflejado en la devaluación del peso y el alza de los TES—, la Junta envió un mensaje contundente de autonomía y estabilidad institucional. Reafirmar la independencia del Banco de la República no solo representa una garantía de disciplina macroeconómica, sino también un ancla de confianza frente a la incertidumbre, una demostración de que las decisiones trascendentales del país siguen, al menos en algunos espacios, guiadas por la técnica y no por la conveniencia política.
El Banco de la República ha demostrado que puede ser un muro de contención frente a la tentación populista, que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y erosiona la confianza en las reglas del juego económico. En un país donde los márgenes para el error son cada vez más estrechos, la técnica, la cautela y la seriedad no son lujos: son condiciones mínimas para proteger el futuro. Esta no fue simplemente una decisión monetaria: fue una defensa firme del mandato constitucional del Banco y una afirmación de que, incluso en medio de la tormenta, hay instituciones que no ceden ante la presión del Gobierno.
