El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió un comunicado en el que señala que los servidores públicos no pueden teletrabajar desde el exterior. El concepto generó controversia pues se conoce días después de que el senador Gustavo Bolívar saliera del país denunciando amenazas de muerte en su contra.
La entidad indicó que en la Ley 2088 de 2021, por la cual se regula el trabajo en casa, no se evidencia que se permita a los empleados públicos o trabajadores que desarrollen el trabajo en casa desde otra ciudad o en el exterior.
En ese sentido, señaló que "lo que establecen las normas es que los servidores y trabajadores podrán prestar sus servicios bajo la modalidad en casa según lo habilite así la entidad pública o empresa privada, pero es importante que su domicilio se mantenga ya que eventualmente se le puede solicitar la presencia del empleado en las instalaciones físicas para prestar sus servicios de manera presencial".
Según el concepto, cuando un funcionario está laborando desde otra ciudad a la de su domicilio o desde el exterior no se pueden verificar las condiciones en las que está y, por ende, no se saben los riesgos laborales y no se puede garantizar su protección.
El documento de Función Pública adquiere mayo relevancia con la reciente salida del país del senador Bolívar por amenazas, ya que en resumidas cuentas lo estarían obligando a que regrese a Colombia porque no puede legislar desde el país en el que se encuentra.
"Curioso: Apenas salgo por motivos de seguridad dicen: "Gustavo Bolívar no puede sesionar desde el exterior" ¿Saben cuántos congresistas han sesionado desde el exterior? Muchos. Haré un derecho de petición para saberlo. Si me garantizan la vida vuelvo", expresó Bolívar tras enterarse del concepto jurídico.
Sin embargo, Función Pública aclaró que las ramas del poder público son autónomas e independientes, por lo que los conceptos en esa materia no les aplica, ellos tienen un régimen especial que se establece en la ley 5 de 1992. Es decir, Bolívar puede sesionar desde el exterior.
Por otra parte, según comentó el congresista, acordó con el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, trabajar virtualmente en las comisiones que representa y las plenarias citadas para los próximos días, hasta que el Congreso y la UNP decidan cómo se le prestará el servicio de escolta.
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Vale la pena recordar que, sobre las amenazas Bolívar dijo que "Hace 15 días denuncié como esta institución (UNP) no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en Barranquilla (…) y ahora que volví a la ciudad me dijeron exactamente lo mismo".
Alfonso Campo, director de la UNP, desvirtuó los señalamientos de Bolívar diciendo que la entidad cuidaba a todos los colombianos con cargos públicos indistintamente de sus ideologías políticas.
Además, aclaró que el convenio para la prestación del servicio de escolta, señala que, por iniciativa de los mismos congresistas, en respaldo a la aplicación del principio de austeridad del gasto público, ellos asumirán los gastos de traslado de sus esquemas de protección por fuera de la capital.
Por su parte, Bolívar aseguró que no está pidiendo una decena de escoltas, pues como uno o dos sería suficiente, y con respecto al pago de los viáticos de dichos trabajadores pidió que se le asignen escoltas que vivan en las ciudades que visita, con el fin de disminuir costos.
"Desde el primer día hasta ayer he pagado mi gasolina y mis peajes. Tengo los recibos y lo pueden constatar los escoltas. Miente de nuevo el director de la UNP para desviar la atención sobre lo realmente importante: la seguridad de quienes estamos amenazados",
