El antiguo secretariado de las Farc, integrado por firmantes de paz como Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra y Pablo Catatumbo, enviaron una alarmante carta al presidente Gustavo Petro en la que expresan su preocupación por el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, tribunal que fue creado tras la firma del acuerdo teatro Colón en el 2016 para dar claridad a varios casos ocurridos en el marco del conflicto armado.
En el documento de los excombatientes aseguran que el organismo estaría generando un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica a los desmovilizados, principalmente por sus decisiones.
“Al escribir la presente queremos exponer ante usted, como Jefe de Estado, las que, consideramos nosotros, graves alteraciones al Acuerdo Final de Paz, por parte de la JEP; todo lo cual, falta al compromiso contenido en el Acuerdo del 7 de noviembre de2016”, y más adelante, “ advertir que, de persistir la idea de incumplir lo acordado entre las partes en materia de justicia, por parte de la JEP, se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción, por ser abiertamente contrario al espíritu del Acuerdo Final de Paz. Ya algunos aseguran que la JEP en este momento es la principal causante del aumento de las filas de los grupos armados ilegales y de la violencia”, refirió el secretariado Farc en la carta.
Según explicaron, la falta de resoluciones en materia de amnistías es una de sus razones para quejarse de la gestión de la JEP, ya que como explican en la carta “De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas”.
Así mismo, según explicaron, la vinculación de exintegrantes de las FARC, de mandos medios y bajos a investigaciones, es otra señal de alerta que va en contravía de lo pactado, que es indagar los casos más representativos en materia de vulneración de derechos humanos y a sus máximos responsables.
Según manifestaron los firmantes del acuerdo, ello a llevado a que más hombres regresen a las armas tal y como lo evidencian las cifras de reincorporación. Un tema frente al cual la falta de garantías y el asesinato de cerca de 418 desmovilizados desde la firma del acuerdo, incide también.