El próximo lunes 16 de septiembre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para discutir y eventualmente votar la ponencia que solicita abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro.
La causa de esta investigación radica en presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, especialmente en relación con el posible sobrepaso de los límites de gasto electoral y el uso de fuentes de financiación prohibidas por la ley.
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Aunque los cargos contra el presidente Petro serían inicialmente de carácter administrativo, existe la posibilidad de que el expediente sea enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
En tal caso, esto podría dar lugar a un juicio político contra el mandatario colombiano. De acuerdo con un informe de Daniel Coronell en W Radio, la campaña de Petro habría excedido los límites de gasto permitidos y recurrido a fuentes de financiamiento prohibidas.
El Consejo Nacional Electoral se pronuncia:
Ante los recientes eventos, el CNE emitió un comunicado en el que enfatiza que sus acciones se rigen de acuerdo con el marco institucional establecido por la Constitución y las leyes del país.
"El Consejo Nacional Electoral (...) aclara que todas sus actuaciones son, estrictamente, institucionales, y enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las Leyes", se evidencia.
El comunicado también destaca la necesidad de proteger la estabilidad institucional y la seguridad de los magistrados del CNE en respuesta a las declaraciones controversiales del presidente, Gustavo Petro.
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Además, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han confirmado la autonomía del CNE para realizar investigaciones administrativas, asegurando que estas no afectan el fuero presidencial.
"En el caso particular de la Investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial", señala el CNE.
Finalmente, el tribunal electoral subrayó que sus acciones están plenamente conforme con la Constitución y las leyes vigentes, y pidió respetar la separación de poderes para garantizar la integridad de sus procesos y decisiones.
"La estabilidad Institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral debe garantizarse", concluye el comunicado.
