El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha entrado en una fase crucial. Acusado de fraude procesal y soborno a testigos, enfrenta un proceso judicial sin precedentes en la historia del país. Este lunes, su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentará su estrategia para refutar las acusaciones.
Mientras la defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes en su contra, la Fiscalía argumenta que cuenta con elementos sólidos que demostrarían su participación en la manipulación de testimonios.
Uribe Vélez anunció que este lunes 10 de febrero asistirá personalmente a la audiencia y solicitó tiempo para exponer su teoría del caso, asumiendo la defensa material.
Lea también: Laura Sarabia presentó su renuncia protocolaria al presidente Petro
“Con la ayuda de Dios, estaré el lunes en la audiencia en el despacho para que usted me permita, (...), después del doctor Granados, presentar mi teoría de la defensa frente a este infame caso, que me acusó un fiscal que nunca se declaró impedido, nombrado por Eduardo Montealegre”.
A través de su cuenta oficial en Instagram, el expresidente reiteró su intención de intervenir en el juicio:
“Espero presentar mi teoría de la defensa, una vez que la señora juez me lo permita, siempre después de la intervención del doctor Granados. Mi defensa frente a una acusación que me formuló un fiscal nombrado y promovido por Eduardo Montealegre. Un fiscal que no tuvo la lealtad con la justicia de declarar su conflicto de interés. Mi defensa frente a un juicio injusto que lograron enemigos políticos, algunos simpatizantes y otros defensores del terrorismo”, manifestó.
Estrategia de la defensa
La defensa de Uribe ha cuestionado la imparcialidad del proceso, señalando un supuesto conflicto de interés por parte del fiscal encargado, quien fue designado durante la administración del exfiscal general Eduardo Montealegre. Jaime Granados ha calificado este caso como un ejemplo de "lawfare" o guerra jurídica con motivaciones políticas para perjudicar al exmandatario.
Además, han criticado la actitud de la jueza Sandra Liliana Heredia, argumentando que sus decisiones han vulnerado el debido proceso. Entre sus señalamientos, destacan la negativa de la jueza a aplazar una audiencia solicitada por Uribe, lo que lo obligó a asistir inmediatamente tras un largo viaje.
Además: Susana Muhamad renuncia al Ministerio de Ambiente en crisis del gabinete
Uno de los puntos más controvertidos del juicio es la admisión de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. La defensa alegó que estas grabaciones violaban la confidencialidad entre abogado y cliente. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá las consideró válidas, argumentando que Cadena no actuaba formalmente como abogado en esas conversaciones.
Cabe mencionar que, el origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para vincularlo con grupos paramilitares.
Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Cepeda y, en cambio, abrió un proceso contra Uribe al considerar que habría intentado influir en testigos para modificar sus declaraciones.
