El pasado fin de semana estalló un gran escándalo que tiene enredado al excomandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez: las supuestas 'chuzadas' ilegales en contra de varios magistrados de altas cortes, líderes políticos de oposición y periodistas.
Al parecer, estas acciones fueron ejecutadas mientras Martínez estuvo al frente de la institución. La Revista Semana, medio que publicó la denuncia con base a testimonios de militares, señaló que, incluso, la salida del general se debió a que ya tenía conocimiento de una investigación en su contra por estos hechos.
Martínez salió en su defensa después de que el medio lo puso entre la espada y la pared. Aseguró que durante el tiempo que dirigió al Ejército,"jamás dio órdenes contrarias a la Constitución y la ley" y que se encuentra ajeno de ese tipo de acciones que calificó como "ilegales e injuriosas".
“Han violado mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria”, mencionó.
El excomandante dijo que agotará todos los recursos e instancias jurídicas hasta que salga a la luz pública la verdad. Además, anunció que dará la pelea representado por el abogado Jaime Granados.
El Gobierno Nacional pidió celeridad en las investigaciones porque no permitirá "manzanas podridas en el Ejército". Es por eso que el fiscal general (e) Fabio Espitia pidió a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelantar las indagaciones necesarias para esclarecer estas supuestas escuchas ilegales.
Esto dicen los expertos
El abogado Daniel Felipe Taboada aseguró que las interceptaciones a las comunicaciones son permitidas si y solo si se tiene como propósito la persecución de un objetivo de alto valor que tenga alto perfil delincuencial. Indicó que este tipo de operaciones solo pueden ser permitidas bajo ciertos parámetros legales y constitucionales, que debe existir un control judicial anterior y un proceso adelantado por la Fiscalía. "Los seguimientos deben hacer parte de un plan metodológico de investigación en donde un fiscal imparta previamente una orden a la policía judicial, entre otros controles estrictos que deben ser observados", explicó. [single-related post_id="1238676"] Augusto Ocampo, también abogado, coincidió con estas afirmaciones. Señaló que estas supuestas 'chuzadas' por parte de altos mandos militares son "supremamente graves" porque, según dijo a KienyKe.com, "nadie, absolutamente nadie, puede intervenir comunicaciones privadas sin la orden de un juez"."Que altos mandos del Ejército se presten para espiar y escuchar ilícitamente conversaciones privadas es otro capítulo oscuro que se abre en un nuevo cartel que, como una caja de pandora, no se sabe a qué pueda llegar", mencionó.Ocampo señaló que en este caso existe la posibilidad de que se ponga al descubierto la comisión de otros delitos, entre ellos, concierto para delinquir. "Lo más factible es que se descubra un temeroso andamiaje criminal y que se conozca todo el modus operandi. Lo más importante es que esto no quede en la impunidad y se individualice a las personas, coautores o determinadores, que están detrás de semejante episodio vil", manifestó.
