Un juez federal de Brasilia absolvió a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en uno de los varios procesos por corrupción que cursan contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT).
El magistrado Marcus Vinicus Reis Bastos exoneró a los exmandatarios del delito de organización delictiva por el caso “Cuatrillón del PT”, que habría desviado unos USD 400 millones.
La resolución Reis Bastos también beneficia a los exministros de Hacienda, Guido Mantega y Antonio Palocci, y al extesorero del PT, Joao Vaccari Neto.
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Según recuerda la agencia Télam, todos a excepción de Rousseff, están condenados en el proceso de la operación Lava Jato que adelanta la justicia de la ciudad de Curitiba.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, celebró: "Lula logra la absolución cuando un juez imparcial interviene; el propio juez en su fallo descarta a la acusación por intentar criminalizar la actividad política”.
La propia fiscalía de Brasilia había recomendado la absolución en este caso por la presunta falta de elementos sobre la formación de una asociación ilícita.Lula está condenado en dos casos en cabeza del exjuez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, con acusación del fiscal Deltan Dallagnol. Hasta el pasado 8 de noviembre, el exmandatario estuvo preso 580 días en Curitiba, estado de Paraná (estado de Sao Paulo), por una condena por el ‘caso del triplex’, por supuestamente aceptar un lujoso apartamento en la localidad costera de Guarujá, como parte de pago de un soborno realizado por OAS, la cual habría recibido millonarios beneficios de contratos con la petrolera estatal Petrobras. [single-related post_id="1029530"] Lula se vio beneficiado por una decisión del Tribunal Supremo del país, que consideró que un condenado no puede cumplir una sentencia hasta que sean agotados los todos los recursos judiciales. Y además, la semana pasada, la cámara de apelaciones de Porto Alegre ratificó una segunda condena por corrupción en contra del expresidente brasileño y elevó la pena de 12 a 17 años de cárcel, por un caso relacionado con reformas que las empresas Odebrecht y OAS hicieron en una casaquinta de la ciudad de Atibaia (Sao Paulo) y registrada a nombre del empresario Fernando Bittar (amigo de Lula), que el expresidente frecuentaba después de su gobierno. Con información de Anadolu.