Administrar la población carcelaria del país con más de 150.000 internos del país (entre población intramural y extramural) y lograr disminuir el hacinamiento, así como mejorar la prestación del servicio de salud de los mismos, son algunos de los compromisos a los que se enfrenta la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), pero para brigadier general Saúl Torres, es el principal reto en sus 31 años de servicio en la institución.
Desde la implementación del nuevo código penitenciario, que flexibilizó las condiciones para acceder a prisión domiciliaria y libertad condicional para los detenidos por delitos menores, han salido en libertad alrededor de 10.000 presos de las cárceles. Sin embargo, Torres reconoce que su impacto no ha hecho mayor impacto en la situación de hacinamiento, pues al mismo tiempo han ingresado la similar cantidad de personas sindicadas en la comisión de algún delito.
“Ha mejorado un poco la situación porque se han disminuido alrededor de 2.000 cupos para internos”, además indicó que se están readecuando más cárceles para aumentar los cupos.
Dio parte de tranquilidad a la ciudadanía para que no se sienta expuesta ante la masiva salida de internos de las prisiones y recalcó que esas personas siguen bajo la vigilancia del Inpec. Aunque reconoce que hace falta más funcionarios de vigilancia, pues no están disponibles todo el tiempo para controlar a todos los internos. Pese a que existen 17.000 funcionarios en el país, cada guardián está a cargo de entre 16 a 20 presos.
“Tenemos un déficit de funcionario especialmente del grupo de custodia y vigilancia que se ha puesto en consideración de los ministerios de justicia y hacienda”.
En cuanto a las críticas por el cierre del Grupo de Verificación e Inteligencia, encargada de perfilar a los presos para los traslados a remisiones médicas o judiciales, una de las primeras decisiones que tomó desde que asumió la dirección del Inpec, el 30 de diciembre de 2013, defendió su medida al asegurar que las funciones estaban repetidas entre los funcionarios y que en ningún momento se suprimió personal. Además sostuvo que las funciones adelantadas por este grupo élite fueron reasignadas a otras áreas de la entidad.
La eficiencia de este grupo fue cuestionada por cuatro ataques de alto nivel: las fuga del cabecilla de los Rastrojos, Rubiel Medica Cardona alias ‘Mono Amalfi; de Óscar Mario Galvis alias ‘Pantera’; un ataque al carro que transportaba guerrilleros en Caquetá y la cinematográfica fuga de Alexander Urrego Guerrerro en Bogotá.
“Se vio la necesidad de fortalecer los otros grupos (…) y estamos en un proyecto de restructuración administrativa para darle prioridad a la capacitación y transparencia de los funcionarios”. Así mismo el oficial invita a la ciudadanía denunciar ante las autoridades cualquier hecho que vaya en contra de legalidad y el debido proceder de los funcionarios del Inpec.
En este momento existe alrededor de 3.000 investigaciones disciplinarias, aunque existen de todo, desde posibles casos de corrupción hasta faltas del servicio. “Hay un plan de contingencia que le permitirá dar mayor celeridad a las indagaciones para aplicar las sanciones o exoneraciones pertinentes”.
Con relación a la percepción de la ciudadanía, sobre que una persona detenida, si tiene poder adquisitivo, puede gozar de mayores comodidades dentro de una cárcel, el brigadier general Torres afirmó que “la reclusión se hace sin ningún distingo de clase social, raza, religión o orientación sexual y por tanto, no existe los privilegios para nadie”. Aunque indicó que se realiza un perfil según el delito y seguridad de cada interno.
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Tomado de lapatria.com[/caption]
¿Todas las cárceles tienen bloqueo de señal?
Debido a los casos en que se ha descubierto que internos siguen delinquiendo y peor aún, lideran desde el presidio bandas de delincuenciales, hasta el momento los principales centros penitenciarios cuentan con bloqueos de señal para celulares, como La Picota y Modelo, en Bogotá y La Modelo, Bucaramanga.
Además se adelanta la inhibición de la señal en El Pedregal, en Medellín; El Bosque, de Barranquilla, entre otros.
Aunque Torres anhela una sociedad donde no haya crímenes, reconoce que es necesaria la construcción de más cárceles de máxima seguridad, como la de Combita, Boyacá y Valledupar, para la adecuada administración y resocialización de la población carcelaria.
“Es más las personas que entran, que las que salen de las cárceles. Uno esperaría que el ingreso a las prisiones sean cada vez menor, aunque en realidad no es así”.
¿Es efectiva la resocialización?
En teoría, el sistema penitenciario más que ser un sitio en cual los presos redimen sus deudas con la justicia, debe propender por ofrecer un programa de socialización adecuado para que los internos, de regreso a la libertad, no vuelvan a cometer los mismos delitos. En la mayoría de casos esto no sucede, según el Inpec, situaciones como hacinamiento y la disposición misma de los internos por emprender un proyecto de vida, dificulta esta labor social.
Pero también hay casos de éxito. El director de la institución destaca la labor desempeñada por un dragoneante de la cárcel Modelo, quien dedica su tiempo, aparte de vigilar a los presos, en liderar la rehabilitación en abuso de sustancias psicoactivas, lo que en la mayoría de los casos es la causa detención de los internos.
Además de proyectos productivos que lidera el Inpec, entre los que se destaca la producción de artesanías, elementos utilitarios y panadería, entre otros, con los cuales los reclusos descuentan sus condenas y además ganan dinero.
