Esta semana se dio a conocer el primer informe regional sobre violencia hacia personas de orientación sexual diversa en América Latina y el Caribe.
Dentro de las cifras arrojadas por el estudio hecho por 10 organizaciones de la región, se da cuenta de una dolorosa realidad: en los últimos cinco años (2014 - 2019) 1.300 personas de orientación sexual diversa han sido asesinadas.
El reporte fue compilado por la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe y su Observatorio -SInViolencia LGBTI. En el documento participan organizaciones de El Salvador, Colombia, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay.
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A pesar de que las cifras del informe no incluyen a Brasil, según proyecciones preliminares de la organización brasileña ANTRA, los asesinatos a personas LGBTI podrían llegar a los 1.650 en el último quinquenio.
El estudio indica que entre los más de 1300 asesinatos registrados en los últimos cinco años, un 30% fue a causa de prejuicio.
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa (organización defensora de los derechos LGBTI), explica que hay varios indicios de cómo se cometió el crimen que pueden dar una hipótesis, una idea, de que la motivación del perpetrador pudo haber sido el odio o el prejuicio por la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
“Si el crimen se comete con sevicia, si ha habido amenazas previas, si el crimen ocurrió cerca de un sitio de socialización de personas LGBTI, si el cuerpo se encuentra en posición sexualizada o si es un defensor de derechos humanos”, explica Sánchez entre otros ejemplos.
Según el informe, la mayoría de los asesinatos corresponden a personas entre los 18 y 25 años. Fueron muertas principalmente durante los fines de semana, con diferencias en las armas usadas y el lugar de aparición de los cuerpos.
Según la orientación sexual e identidad de género de las víctimas: mientras que los cuerpos de los hombres gays son encontrados en sus domicilios con múltiples heridas de objetos cortopunzantes o asfixiados, los cuerpos de mujeres trans son en general encontrados en espacios públicos con altas evidencias de crueldad.
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Los ataques dirigidos a mujeres lesbianas se dan en general en pareja, en espacios públicos y en su mayoría por personas conocidas.
“El mensaje detrás de estas violencias es claro: las personas LGBTI deben ocultar su sexualidad e identidad a cambio de mantenerse con vida”, dice el informe.
Lo grave es que hoy en día los países latinoamericanos no tienen un sistema de información que permita comparar cifras a nivel regional o establecer patrones y tendencias. Por eso, este informe es el primer ejercicio de su tipo y, según los investigadores, es un paso inicial para documentar la información de forma sistemática.
Las organizaciones explican que recaudar información completa sobre los crímenes es responsabilidad de los Estados, específicamente de los entes investigadores y funcionarios que tienen acceso a las escenas del crimen.
De hecho, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) resalta que la ausencia de datos y, consecuentemente, la invisibilidad de la situación, tiene como resultado que no existan políticas públicas adecuadas, o que sea muy difícil la toma de decisiones para enfrentar el problema de la discriminación contra las personas LGBTI.
A futuro las organizaciones buscan tener una mejor red de información con patrones compartidos. “Nuestro interés es que la información sea comparable y hacer incidencia sobre los estados. No solamente contar unas cifras y unos datos, sino que se convierta en una forma seria y sistemática de documentar información para presionar a los estados para que produzcan resultados”, dice Sánchez.
Los datos que se recopilen, ya sea por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil, deben estar lo más desagregados posible. La idea es determinar cuándo las violaciones son resultado de la discriminación motivada por la orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidad corporal u otros motivos de discriminación, tales como raza, etnia, discapacidad, edad, nacionalidad y situación socioeconómica de las víctimas.
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De los países que hacen parte del observatorio, Sánchez llamó la atención sobre Brasil. “A pesar de haber tenido unos grandes avances en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI ahora inicia un retroceso en aprobar leyes para permitir terapias de reconversión cuando eso estaba señalado como tortura desde el punto de vista de DDHH”, dice Sánchez.
En países como República Dominicana u Honduras los investigadores identificaron pocos avances para proteger los derechos de personas con identidades sexuales diversas. “Creo que estamos en un momento donde hay retrocesos importantes no solo a nivel normativo, sino social”, añadió Sánchez.
Entre las conclusiones del estudio, Sánchez resaltó la preocupación que sienten por los discursos de odio que han aumentado en la región además de las reformas legislativas motivadas por grupos fundamentalistas.
“Estos grupos fundamentalistas están construyendo un discurso donde ponen a las personas LGBTI como los enemigos de la sociedad. Este discurso llega a oídos de personas muy prejuiciosas que no se quedan en el discurso, sino que toman un arma”, dice Sánchez.
Identificar claramente los patrones de violencia sería un aspecto clave para acabar con estas violencias. Sin eso, dice Sánchez, se envía un mensaje de impunidad a los perpetradores.
