La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que se pretendía realizar este lunes 4 de marzo, fue aplazada para la mañana de este martes 5 de marzo por complicaciones en la comunicación vía Skype con el exsenador Luis Alberto Gil, uno de los cinco capturados por el presunto caso de corrupción en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que según la Fiscalía, se pretendía frenar el proceso de extradición de Jesús Santrich.
Quien hizo la solicitud de aplazar la diligencia fue el delegado de la Procuraduría General, quien consideró que las fallas en la comunicación con Gil "no eran una verdadera garantía para el proceso".
Por su parte, la defensa del exsenador pidió que se tuviera en cuenta el dictamen que entregó Medicina Legal para no trasladar a Gil a los juzgados de Paloquemao, pues esto podría ir en detrimento de su salud; así que la juez decidió la audiencia se retomaría este martes a las 8:00 a.m. por la misma vía Skype.
“Se solicita a la Fiscalía que disponga de los medios adecuados para que la audiencia se pueda llevar a cabo vía Skype a menos que el señor Luis Alberto Gil sea declarado apto para asistir a la presente audiencia teniendo en cuenta lo que diga la Clínica Colombia”, dijo la juez.
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Al terminar la sesión, el abogado Gabriel Parra dijo que en criterio de la defensa, "en razón de la verdadera situación de Gil, no está en verdaderas condiciones para afrontar la audiencia".
"Él está en una situación crítica de salud que no le permite asistir. Mi defendido está en una grave situación de salud, salió esta mañana de la Unidad de Cuidados Intensivos por problemas cardiovasculares, por lo que no puede venir", manifestó.Sin embargo, según el dictamen de Medicina Legal, "Luis Alberto Gil Castillo no cumple criterio para establecer un estado grave por enfermedad y puede continuar con la audiencia". Así pues, Luis Alberto Gil, junto al fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, su compañera sentimental, Ana Cristina Solarte, Yamit Prieto y Luis Orlando Villamizar, se tendrán que enfrentar a la imputación de los delitos de de tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir, por presuntamente haber pedido dinero para interferir en el proceso de extradición de Jesús Santrich en la JEP.
