El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, deberá enfrentarse a un juicio disciplinario por las presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales CENOP en el municipio de San Luis, Tolima.
Según la Procuraduría General, se identificaron aparentes faltas en el trámite que dio a la acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la Inspección General, una supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su actual cargo.
En el juicio Atehortúa deberá responder por cuatro cargos que fueron calificados a título de “dolo”.
En primer lugar se le cuestiona que, en su calidad de director general del Fondo Rotatorio, pudo haber cometido una “falta gravísima” por participar, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución del contrato 117-3-2011, “con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado”.
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El Ministerio Público explicó que, por otro lado, se reprocha que el oficial, en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se declaró impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175 , el cual estaba relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales CENOP, "pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación, con lo que pudo haber incurrido en falta gravísima”.
El tercer cargo que le imputó la Procuraduría tiene que ver con una presunta extralimitación de sus funciones. Según dijo el órgano de control, se cuestiona que Atehortúa hubiera acudido a un capitán de la institución para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, “que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente, lo que constituiría una falta grave".
Por último, se reprocha que, aparentemente, el director de la Policía utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo para que el inspector general de la institución, el mayor William René Salamanca, no diera curso a una actuación disciplinaria que se estaba adelantando por las posibles irregularidades ocurridas en ese proyecto que, según la Procuraduría, “podía resultar comprometida su responsabilidad, lo que representaría una falta gravísima”.
El abogado Oscar Sierra Fajardo explicó a KienyKe.com que estas acciones se adecúan, dentro de la clasificación de las faltas en el Código Disciplinario Único, como gravísimas y graves, lo que le podría acarrear a Atehortúa “consecuencias de gran entidad como la destitución, inhabilidad general, suspensión en el ejercicio del cargo, entre otras”.
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Precisó que el Ministerio Público anunció el traslado de piezas procesales a la Fiscalía con la intención de que esta inicie, de forma oficiosa, la investigación de algunas de estas conductas que posiblemente podrían configurar delitos como: el tráfico de influencias de servidor público, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, los cuales contemplan penas entre los 5 y 18 años de prisión.
“Resulta indiscutible que se trata de comportamientos altamente sancionados por el legislador colombiano, toda vez que atentan contra la administración pública. Sin embargo, en este minuto no se ha emitido fallo condenatorio de ninguna clase que desvirtúe la presunción de inocencia del general Atehortúa, por lo que es necesario aguardar al desarrollo del proceso y el pronunciamiento oficial y definitivo de las autoridades competentes”, aclaró.
Por último, el abogado indicó que sería prudente que "un oficial de tan alta trascendencia" pudiese dar, en los próximos días, las explicaciones que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
