En su encuentro con el sacerdote Francisco De Roux vimos al presidente Uribe que todos conocemos: franco, directo, hilvanado, con cifras precisas, claridad meridiana y verdades irrefutables.
A pesar de los válidos reparos que él y millones de colombianos tenemos frente a las entidades creadas con ocasión de la aplicación del acuerdo entre Santos y las Farc, no dudó en recibir a quien preside la Comisión de la Verdad con el propósito de exponer sus puntos de vista respecto de un amplísimo número de temas que son fundamentales para comprender la dinámica de la violencia terrorista que durante décadas ha azotado a nuestro país.
Como bien dijo el presidente Uribe, el análisis debe hacerse de manera integral, viendo la película completa y no deteniéndose frente a instantes determinados, pues aquello evidentemente desfigura la verdad.
Fue una importante oportunidad para exponer, una vez más, lo que significó la planeación y puesta en marcha de la exitosa Política de Seguridad Democrática la cual, no podemos perder de perspectiva, le devolvió la esperanza a Colombia.
En 2002, nuestro país estaba al borde del abismo. El terrorismo campeaba a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Cientos de municipios no tenían presencia de la Fuerza Pública, sus alcaldes habían sido expulsados por los delincuentes, sus habitantes eran rehenes de los ilegales.
En la comunidad internacional, empezaba a plantearse que el nuestro era un Estado fallido. Propios y extraños aseguraban que estábamos en un punto de no retorno. La Seguridad Democrática fue la tabla de salvación. El precepto fundamental de aquella era la legitimidad de la Fuerza Pública. Contundencia contra el terrorismo, con respeto irrestricto por los Derechos Humanos.
Y en ese punto, el presidente fue claro al exponer ante el padre De Roux cómo, desde el primer momento de su gobierno, se ordenó que la Fuerza Pública, en su confrontación a la guerrilla y a los paramilitares, tenía el deber de privilegiar las desmovilizaciones. Si ellas no eran posibles, entonces era menester procurar la captura de los ilegales y, en última medida, las bajas en combate.
Contó cómo se implementó la decisión de que, después de cada combate entre la Fuerza Pública y los ilegales, los levantamientos de los cadáveres debían ser practicados por la Fiscalía, precisamente para despejar cualquier duda respecto de los hechos ocurridos.
Sobre los así llamados falsos positivos, el presidente expuso de manera detallada cómo se enteró de las irregularidades que estaban presentándose y cómo no dudó un instante en proceder en contra de los militares que, deshonrando su uniforme, incurrieron en esa práctica atroz. ¡Jamás hubo encubrimiento de esos delitos!
De ese encuentro, muchos quedamos con la impresión de que, si bien es cierto la Comisión de la Verdad no es una entidad con facultades jurisdiccionales, ésta tiene un sesgo muy marcado en contra del presidente Uribe pero, sobre todo, de las políticas que se implementaron durante sus dos mandatos. Las cifras hablan por sí mismas. Más de 50 mil integrantes de grupos armados ilegales dejaron las armas y se acogieron a los programas de desmovilización y reincorporación del gobierno nacional, con unos niveles de reincidencia muy bajos, hecho que en su momento fue reconocido por organismos internacionales como la OEA y hasta el fiscal de la corte penal internacional de la época.
No puedo dejar de referirme a un hecho que es de suyo preocupante y que se ventiló durante la charla con ocasión de la aparición de dos trinos de una de las personas que acompañó al padre De Roux. Se trata de la comisionada Lucía González quien abiertamente declaró que “yo estoy de fiesta porque las Farc constituyeron su partido político. No sólo respeto, comparto sus principios. Buen camino”. El otro mensaje, aún más preocupante, fue una apología al jefe narcotraficante de las Farc, alias “Jesús Santrich”. Cuando aquel estaba hospitalizado en el año 2017, la comisionada le escribió: “Salud Jesús Santrich! Necesitamos tu sabiduría y tu alegría”.
Al margen de mis conocidas críticas al acuerdo de La Habana y a mi oposición a lo firmado y a las instituciones que del mismo nacieron, como ciudadana me parece altamente preocupante que la reconstrucción de la memoria histórica esté en manos de una persona con afectos tan marcados hacia el terrorismo. Me pregunto: ¿No había en Colombia investigadores sociales capaces de integrar la comisión de la verdad sin cercanía a las Farc? Es evidente que sí y, por eso, la presencia en la comisión de una persona como la señora González es una prueba más de que el trabajo de esa entidad está regido por un insoportable sesgo ideológico.
