La semana pasada la Corte Suprema de Justicia protegió lo que ellos llamaron el primero de los derechos: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. Luego de las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos interpusieron una demanda en donde le pidieron a la Corte que protegiera el derecho a la protesta de los manifestantes, pues argumentaban que diferentes entidades del nivel nacional adoptaron prácticas sistemáticas que limitaron su derecho a la protesta pacífica. Algunas de estas prácticas fueron “actuar arbitraria y violentamente con el fin de impedir el curso de las manifestaciones”, “proceder con desproporción en el uso de la fuerza con armas letales y químicas” o “efectuar ataques contra la libertad de expresión y de prensa”. Aunque estas conductas han sido analizadas por algunos expertos (véanse las columnas de Rodrigo Uprimny o de Esteban Hoyos al respecto), yo quisiera enfocarme en una de estas, pues creo que el contexto actual y nuestra historia política así nos lo exige: “la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salieron a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno”.
Cuando la Corte estudió si el Gobierno estigmatizó o no a los manifestantes del 21N, ésta encontró que en varias cuentas de redes sociales algunos ministros y el mismo Ejército Nacional, se basaron en “estereotipos y falacias” para deslegitimar las causas de la manifestación. Allí la Corte le recuerda al Gobierno que descalificar a los manifestantes no es más que criminalizar la protesta y violar la neutralidad que, como poder ejecutivo, deben guardar frente a estos hechos. Pero el magistrado que redactó la sentencia no se queda sólo en esto. Va más allá, y con lucidez y pertinencia le recuerda al Gobierno y al Ejército Nacional que, si queremos avanzar democráticamente como Nación, esta clase de estigmatizaciones son peligrosas e incluso contraproducentes, dada nuestra historia política. Cito a continuación lo que expresó el magistrado:
“Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo – enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho.”
Y digo peligrosas y contraproducentes por una razón: a lo largo de nuestra historia republicana los colombianos hemos visto en quien piensa diferente políticamente, no a un contrario, sino a un enemigo; no a un par con el que difiero, pero respeto, sino a una persona que, si no piensa como yo, está en contra mío; y esto nos ha llevado por el camino del dogmatismo ideológico, un camino plagado de conflictos violentos con un alto y lamentable saldo de muertos. Solo basta recordar que entre 1947 y 2015, murieron en el país más de un millón de personas por violencia política (Melo, 2017), siendo el primer país de América Latina con más muertes por esta razón.
Así, aquellas afirmaciones que dicen que “convocaron a un paro basado en mentiras” o que “los grupos armados financian la protesta social”, no sólo nos siguen instalando bajo una categoría de buenos y malos, de portadores y no portadores de la verdad, sino que se sigue trasladando el ámbito de la protesta pacífica a la esfera de la violencia. De esta manera, el manifestante ya no es un ciudadano con todo el derecho a protestar, sino que es un enemigo del Estado, un sujeto que actúa por fuera de la legalidad el cual debe ser sancionado con todo el peso de la Ley y, por tanto, de la fuerza.
Por eso creo que la sentencia del magistrado es de una gran trascendencia, no sólo en nuestro contexto nacional, sino también internacional. El llamado al Presidente y a sus funcionarios es a construir desde la pluralidad, el consenso y la diferencia, pero nunca a esparcir discursos que nos lleven otra vez hacia la senda de la violencia. Ese debería ser uno de nuestros principales acuerdos políticos.
El llamado entonces debe ser reiterativo. No en vano Mauricio García Villegas (2018) dice que uno de los principales problemas de Colombia es el dogmatismo ideológico. No sabemos estar en desacuerdo. Como sociedad debemos insistir en que las diferencias políticas se deben tramitar a través del diálogo y el consenso. De esta forma creo que podemos construir una sociedad más civilizada y pacífica, un reto aún pendiente en Colombia.
