La inhabilidad de Antanas Mockus para ser senador de la República era clara e indiscutible desde el primer momento: el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política prohíbe de manera expresa que aquellas personas que hayan intervenido de cualquier forma en la gestión de negocios o celebración de contratos con entidades públicas, 6 meses antes de la elección, puedan llegar al Congreso. Mockus, incluso a 90 días de la justa electoral fue director de Corpovisionarios y presidente de su junta directiva, “fundación” en la que sació su “voraz apetito” con la mermelada putrefacta del tartufo Santos, haciendo los más ridículos, gaseosos e insulsos conceptos y estudios: todo un parapeto bien montado para facturar. Ese fue el pago que recibió el impoluto profesor por apoyar las andanzas del sujeto más nefasto que ha parido Colombia: Juan Manuel Santos. Recuerden siempre: no hay santista gratis.
En el Partido Verde conocían la realidad jurídica de una eventual candidatura de Mockus; sin embargo, sabiéndose dueños de una especie de patente de corso o inmunidad ética para hacer lo que les viniera en gana, montaron en el cuento al avieso personaje. Solo importaban los votos y, por supuesto, ganar a como diera lugar. Parafraseando al mismo Mockus: para cierta gente todo vale. Gracias a la figura sobrevalorada de Mockus, el movimiento político de marras consiguió gran cantidad de sufragios y, por tanto, varias curules. Resulta paradójico que aquel que para muchos es el “adalid” de las buenas prácticas políticas sea el mismo que en el pasado fungió de auxiliador de la guerrilla, el exhibicionista que mostró el orto para catapultar su carrera política y lo volvió a hacer recientemente en el hemiciclo del Congreso, cuando se posesionó de su espuria curul, amén de los miles de millones de pesos del erario que se ha embolsillado desde hace tantos años, a través de contratos chimbos. Viéndolo bien, no es tan raro, pues, para los adoradores de Mockus, también los sádicos de las Farc que tienen asiento en el Senado y la Cámara son unos pimpollos dechados de virtudes.
El 3 de julio de 2018, junto a mis colegas Karen Juris, Iván Cancino, Francisco Bernate y Daniel Peñarredonda, dirigimos una comunicación al alimón al Consejo Nacional Electoral, solicitándole a esa corporación, abstenerse de declarar la elección de Antanas Mockus, por estar inmerso en una causal de inhabilidad. Entonces ardió Troya: los medios, en su gran mayoría, salieron en defensa de Mockus argumentando una sarta de sandeces para justificar lo que a todas luces era impresentable. Los más “encumbrados” opinadores y periodistas se rasgaron las vestiduras diciendo que atreverse siquiera a señalar a Mockus era una afrenta contra la democracia. Por cuenta de esa presión mediática y el miedo a los verdes, los magistrados prevaricadores y pusilánimes del CNE pasaron por alto el impedimento jurídico en comento, lo que por supuesto le ha generado un detrimento patrimonial considerable a Estado. Luego vino la demanda ante el Consejo de Estado, que, en un principio, había mantenido en firme la curul de Mockus, y después con un fallo posterior rectificó ese adefesio jurídico y dispuso lo contrario como en derecho corresponde. Darle la razón a Mockus habría implicado, por una parte, violar la Constitución y la Ley, y, por otra, dar un giro jurisprudencial de 180 grados, que habría detonado miles de acciones jurídicas de personas que, en la misma situación, fueron sancionadas. Las consecuencias económicas e institucionales por secundar al impoluto y sus conmilitones hubiesen podido trepanar nuestra democracia y nuestras finanzas, a no dudarlo.
Varios temas claves surgen aquí: 1. Es menester iniciar acciones penales y disciplinarias contra los magistrados que se prestaron para “armar la carpa del circo de Mockus”, a través del más burdo prevaricato. Eso no puede quedar impune. 2. Mockus se inscribió como candidato, a sabiendas de que estaba inhabilitado; por consiguiente, se puede iniciar una acción penal, así en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, se haya dicho que no actuó con dolo, lo cual es falso. Se trata de dos jurisdicciones distintas en todo caso. Por lo pronto, si es tan serio, que vaya devolviendo la plata de los sueldos que recibió de manera irregular. 3. Las curules obtenidas ilegalmente por el Partido Verde deben ser redistribuidas y entregadas a quienes corresponden: no hay derecho a que senadores de ese partido hayan sido elegidos por el arrastre de Mockus, con tan sólo 20 mil votos, mientras que en otras agrupaciones se ahogaron candidatos con casi 40 mil. Tutelas o acciones populares pueden ser la clave para ello. 4. Los medios de comunicación están obligados a entender que el derecho no es una camisa a la medida de la ideología que más les guste.
No tengo nada personal contra Mockus, pero me da grima que en este país se aplique la ley de manera selectiva, porque nada genera más violencia que eso. Hay que estar del lado de la razón, sin importar quién la tenga. La doble moral que algunos promocionan y aplican es un cáncer que nos destruye como conglomerado social y nación.
La deshonestidad tiene muchas caras; no solamente se es bandido robando. El imperio de la ley, su acatamiento y aplicación sin distingo de raza, sexo, credo o forma de pensar, es el camino más corto para acabar con el áspid de la corrupción.
La ñapa I: Ojo, alcaldes Claudia López y Daniel Quintero: si el Estado no protege, a través de la Fuerza Pública, los bienes de los ciudadanos (a sabiendas de los peligros que entrañan las protestas de los últimos meses) y estos son vandalizados por desadaptados, se presenta una falla en el servicio por dicha omisión, y, en consecuencia, por medio de una acción de reparación directa, eventualmente la Nación estaría obligada a indemnizar pecuniariamente a los afectados. Y, si el Estado resulta responsable, este puede repetir contra los funcionarios, que, por su negligencia y novelería, no sacaron el Esmad a la calle a hacer su trabajo.
La ñapa II: Con la decisión de declarar inexequible la reincidencia como causal de detención preventiva, se prueba una vez más, que en la Corte Constitucional no hay juristas, sino políticos “progresistas” diletantes y seudofilósofos.
La ñapa III: El destacado abogado costeño Marco Alemán Badel es el candidato más opcionado para dirigir la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Alemán es una autoridad mundial en la materia y un ser humano excepcional.
