Muy poca trascendencia ha tenido el proyecto de ley de la representante liberal Clara Rojas, que busca permitir la elección popular de alcaldes locales en las 20 localidades que conforman el Distrito Capital de Bogotá. En rigor, se pretender reformar el artículo 323 de la Constitución Política, con el objetivo de profundizar la descentralización administrativa de la ciudad, y eliminar la figura anti-democrática de la designación de los alcaldes locales por parte del Alcalde Mayor.
Lo reconozco: ha sido difícil entender con claridad cual es el sentido real de la propuesta. Las motivaciones del proyecto de ley apelan a principios legítimos, como permitir a los ciudadanos una participación directa en la planeación y gestión de los asuntos locales. ¿Qué se busca revertir? El amplio desconocimiento ciudadano sobre la Administración Distrital, la sectorialidad de la gestión metropolitana y la inadecuada planeación local, reflejada en la baja ejecución de los recursos y la dispersión de los programas implementados. En ese sentido, la participación de la ciudadanía y la elección local de los alcaldes serían los ejes estructurantes de un nuevo modelo que mejoraría la gestión pública en Bogotá.
¿Basta eso? La propuesta parte de un supuesto: a mayor participación, mejor calidad de la gestión. Un supuesto básico en todo sistema democrático, y válido en discusiones sobre las entidades subnacionales. Sin embargo, ¿qué aporta realmente esta reforma estatutaria a la ciudad?. El proyecto de ley no presenta ni desarrolla mecanismos sobre la planeación local, y apela (cuando no) a la "voluntad política" de los actores políticos. Un rediseño institucional del gobierno distrital, sin mecanismos que garanticen la gobernabilidad urbana. ¿Cómo conciliar los planes de desarrollo? ¿qué sucedería con el Plan de Ordenamiento Territorial, considerando las dificultades que ha tenido el POT propuesto por el alcalde Petro? ¿Las tendencias distritales en participación ciudadana se revertirían al ampliar las elecciones?
La propuesta cita 2 casos cercanos: Lima (Perú) y Santiago (Chile). Santiago dista mucho de ser un referente para Bogotá, siguiendo los principios de la propuesta. Si bien la elección popular de los alcaldes en los municipios que conforman la región metropolitana favorecen la participación de la ciudadanía, también es cierto que el Gobierno Central interviene bastante en los proyectos estructurantes de la urbe (como el Metro y Transantiago). Cada municipio cuenta con instrumentos de planificación territorial desarticulados, sujetos a la capacidad económica que tengan para implementarlos (y Santiago dista mucho de ser una ciudad justa)
Por último, ¿esta propuesta responde a una prioridad de Bogotá?. La ciudad requiere acciones decididas en sectores como transporte, educación, sostenibilidad ambiental y seguridad; y las reformar al Estatuto Orgánico de la ciudad pueden ir en otra dirección. Incluso, la relación con municipios aledaños y con Cundinamarca son del mayor interés, por la magnitud de los proyectos que no han logrado consenso institucional y por las dinámicas de la urbanización en la Sabana. El proyecto deja más dudas que soluciones, sobre supuestos que legitiman la democracia pero, que en su operación, pueden perjudicarla.
