El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín falló en favor de Sergio Fajardo y otros cuatro implicados en el caso Hidroituango al resolver, en primera instancia, una tutela que interpusieron en contra de la Contraloría Delegada Intersectorial 09 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General.
El funcionario judicial le dio la razón a los accionantes y amparó su derecho fundamental al debido proceso y de defensa en medio de la investigación por presunta responsabilidad fiscal que se adelanta por los problemas que se presentaron en el proyecto Hidroituango.
Sergio Fajardo y las otras cuatro personas alegaron que la Contraloría Intersectorial les dio "poco tiempo" para presentar las pruebas y otros argumentos de defensa después de que se anunció la imputación en su contra.
Para ellos, a este caso se le ha dado "un tratamiento desigual frente a otros procesos adelantados por la misma oficina" y, por esa razón, se han vulnerado sus derechos.
El juez avaló los argumentos presentados por la defensa de Sergio Fajardo y los demás accionantes, y le ordenó a la Contraloría Delegada Intersectorial que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión proceda a aclarar a los demandantes que los diez días de plazo para presentar los descargos comienzan a correr una vez se resuelva una consulta dentro del proceso.
La Contraloría, por su parte, anunció que impugnará el fallo porque, según ellos, "se ha respetado el derecho a la defensa".
La recusación presentada
La tutela no ha sido la única acción presentada por algunos de los implicados en este caso. Diez de los 28 imputados por Hidroituango presentaron a mediados de diciembre del año pasado una recusación en contra del contralor general Felipe Córdoba y la contralora delegada intersectorial 09 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, Juliana Velasco, con el fin de que se aparten del conocimiento de la investigación.
En el documento, conocido por KienyKe.com, argumentaron que la contralora delegada ha recibido de sus superiores “presiones para tramitar de manera rápida y express este proceso”, lo que, según ellos, “ha afectado el principio de imparcialidad y transparencia que se le exige como investigadora en la causa de responsabilidad fiscal”.
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Los representantes de los investigados por la Contraloría alegaron que esta situación “ha afectado el debido proceso, el derecho a la defensa, la investigación integral, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley”.
Por otro lado, los defensores de los imputados por Hidroituango indicaron que los superiores jerárquicos y funcionales de la contralora Juliana Velasco han manifestado en medios de comunicación la posición firme, “y atentatoria a la presunción de inocencia”, de hechos y conductas irregulares combinada con daños patrimoniales que por ahora “no han sido probados ni se probarán”.
Además, señalaron que los superiores jerárquicos de la contralora delegada han manifestado públicamente, incluso antes de darle apertura a la investigación fiscal, que “entregarán resultados” y que “en poco tiempo habrá un fallo”.
