Álvaro Uribe Vélez publicó una tajante respuesta luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz asegurara que las víctimas de los mal llamados falsos positivos son, por lo menos, 6.402 entre los años 2002 y 2008, periodo en el cual él estuvo al frente de la presidencia de la república.
La JEP aseguró que existirían 4.154 ejecuciones extrajudiciales más de las que documentó en un principio la Fiscalía, debido a que el informe que el ente investigador entregó cuando la jurisdicción especial empezó a indagar sobre este fenómeno indicaba que las víctimas eran 2.248.
"El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009", resaltó.
A partir de esto, el expresidente Álvaro Uribe calificó el comunicado del tribunal especial como un "nuevo atropello", pues aseguró que es "sesgado" y que el único objetivo es "desacreditarlo".
Aseguró que, en el proceso de los mal llamados falsos positivos, nunca "ha eludido a la justicia" y que cuando se trata de su persona "muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias".
Según dijo, recién iniciado su gobierno en 2003, "cuando la seguridad democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos", varias organizaciones contrarias a sus ideas acusaron a las fuerzas armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales.
"Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo de alguien dado de baja en combate permaneciera en el lugar, no fuera movido por las fuerzas armadas y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. También en esos primeros años enfrenté, en público, el grave hecho entre soldados y policías ocurrido en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca", indicó.
Narró que en 2006, poco antes de su reelección presidencial, se dio otro trágico suceso entre soldados y policías y que el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, con su apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que "asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas".
"Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las fuerzas armadas como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la Patria", manifestó.
Por otro lado, señaló que se reunió con las madres de Soacha y que reveló al país una versión que le entregó un capitán del Ejército, la cual indicaba que la Brigada de Ocaña había asesinado inocentes para proteger a narcotraficantes y pretender demostrar que sí perseguían al narcotráfico.
"Suspendí de sus cargos a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, decisión a raíz de un informe del Ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos (...) Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz", agregó.
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El expresidente Álvaro Uribe mencionó que la política de Seguridad Democrática "se hizo inobjetable a medida que acreditaba que protegía a todos los colombianos sin importar consideración diferente a la de ser ciudadano".
Y manifestó: "Siempre me pregunto si nuestra tarea hubiera sido propiciar el asesinato por qué el país avanzó tanto en seguridad".
Por último, el mandatario aseguró que no hay un solo militar que pueda decir que recibió de su parte un mal ejemplo o indebida insinuación. "Creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas", finalizó.
Esta es la respuesta de Álvaro Uribe a la JEP por el caso de los falsos positivos:
