Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación instó a archivar la investigación que se adelanta contra los generales en retiro Rodolfo Palomino, Edgar Sánchez Morales y Carlos Ramiro Mena.
Durante la audiencia de solicitud la Fiscalía argumentó que se han superado los términos para adelantar un juicio por lo cual la investigación en contra de los implicados debe prescribir.
“El 7 de abril de 2020 se venció el plazo para emitir una sentencia, teniendo en cuenta que el ente investigador tenía un plazo de siete años y seis meses desde la comisión de los hechos para realizar la indagación” afirmó el ente fiscal.
Este proceso inició en el año 2013, cuando el coronel retirado Marco Aurelio Pedroza denunció ante medios de comunicación presuntas irregularidades en el llamamiento a cursos de generales celebrado en 2012.
Según Pedroza, el entonces subdirector de la policía Rodolfo Palomino desestimó su postulación de ascenso a pesar de que el oficial cumplía con todos los requisitos legales e ignoró una serie de derechos de petición realizados por el coronel para obtener el nombramiento.
Además asegura que fue citado por Palomino a una reunión el 3 de octubre de 2012 y en la que estuvieron presentes los hijos de Pedroza, que también eran oficiales, su esposa y los generales Sánchez y Mena.
Pedroza afirma que esa reunión tenía el objetivo de intimidarlo para que no hiciera declaraciones públicas acerca de las supuestas acciones irregulares en los nombramientos que se iban a realizar en la institución policial.
La presencia de los hijos del coronel, según lo afirmado en su denuncia, se explica porque los generales Mena y Sánchez eran sus jefes superiores y cuando Pedroza continuó con la acusaciones, los generales utilizaron su poder para que uno de ellos fuera trasladado a la Amazonía colombiana con el fin de seguir ejerciendo presión sobre el oficial.
Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado la prescripción del proceso en abril de 2018, en su momento el ente argumentó que no hubo dolo en la reunión realizada por los ex oficiales y que el traslado del hijo del coronel al Amazonas debía ser desestimado como un abuso de autoridad por parte de los generales.
Para febrero de 2019, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema había aceptado la solicitud de preclusión pero, en una segunda revisión procesal realizada por la Sala Penal de la alta corte, se llegó a la conclusión de que la Fiscalía “no demostró en debida forma la solicitud de preclusión siendo evidente las omisiones investigativas frente a los hechos motivo de queja"
Por lo pronto, el ente judicial puso bajo consideración la nueva solicitud de la Fiscalía General para archivar el caso y decidirá el futuro del expediente.
