El fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene en sus manos el proceso que se adelanta contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, apoyó la tutela que presentó la defensa del expresidente para que se tumbe la decisión que lo dejó en calidad de "imputado".
El delegado del ente investigador presentó un documento ante el Tribunal Superior de Bogotá en el que manifestó que está de acuerdo con la inquietud expuesta por los abogados del máximo líder del Centro Democrático, en la que piden revocar la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito que consideró que sí era posible equiparar la indagatoria que se realizó en la Corte Suprema con una audiencia de formulación de imputación.
El fiscal señaló que, desde el inicio, ha considerado que, ante el decaimiento de competencia de la Corte Suprema de Justicia y el traslado a justicia ordinaria, el asunto debía adelantarse por el sistema penal acusatorio, es decir, la Ley 906 de 2004.
Ante eso, planteó las siguientes preguntas: ¿La Fiscalía General formuló la imputación al ciudadano Uribe Vélez?, ¿La audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo por el trámite de la Ley 906 de 2004?, ¿Algún juez de control de garantías impartió legalidad a la formulación de imputación?
Y él mismo respondió: "De lo expuesto, es evidente que las respuestas a los planteamientos son negativas, lo que implica que cuando el juez penal del circuito concluye procesalmente la realización de la formulación de imputación - careciendo de competencia en atención al artículo 154 de la Ley 906- en contra del ciudadano Álvaro Uribe, cuando la Fiscalía no realizó tal acto propio con el lleno de los requisitos legales sustanciales y procesales, desconoce la observancia de formalidades propias del proceso penal".
Según el fiscal Gabriel Jaimes, la adecuación de las fases procesales se dificultan en grado sumo al pretender equiparar la indagatoria con la formulación de imputación, "por las diversas complejidades que en la praxis ello conlleva".
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"Si bien la diligencia de indagatoria celebrada resulta válida ante el cumplimiento de los requisitos legales esenciales propios del sistema penal mixto (Ley 600 de 2000), con ocasión del tránsito de sistemas penales debe decaer su vigencia pues la formulación de imputación debe cumplir con unos estándares superiores, en en particular en lo atinente a la reiterada y unificada jurisprudencia penal que funda en el núcleo fáctico de la formulación de imputación la columna vertebral del proceso penal en Colombia, eje sobre el cual gravitan la legalidad, el debido proceso penal de todas las partes e intervinientes, y el derecho a la defensa", sostuvo.
Por esa razón, el delegado pidió al Tribunal Superior de Bogotá acceder a los términos de la acción de tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, pues de lo contrario "se estaría no solo persistiendo en el desconocimiento de reglas constitucionales y legales, en el agravio de derechos y garantías fundamentales, sino arrojando de manera forzosa al ente acusador a una fase procesal de juicio con las advertidas falencias que afectan sensiblemente el procedimiento penal".
