El senador Iván Cepeda denunció que el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene en sus manos el proceso por presunta manipulación de testigos que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe, estaría realizando actuaciones que podrían cambiar "radicalmente el curso de la investigación con el fin de buscar una preclusión".
Según dijo, existen múltiples evidencias que demuestran que el delegado de la Fiscalía no ofrece garantías de imparcialidad y neutralidad en esta investigación, pues aseguró que "cada vez es más notorio su propósito de que el proceso concluya con una preclusión y en la impunidad".
"En los últimos días, algunos medios de comunicación han informado que, ante el fallo que declara improcedente la acción de tutela interpuesta por el exsenador Uribe y apoyada por el fiscal Jaimes, se estaría preparando la decisión que concluye la fase de investigación en el presente caso. Estos medios señalaron que el ente investigador habría ordenado la práctica de cien pruebas, de las cuales muchas ya habían sido recaudadas por la Corte Suprema de Justicia", indicó.
Cepeda señaló que, el martes 2 de febrero, solicitó al fiscal Gabriel Jaimes que confirme si es cierta o no esta información y, en tal caso, le aclare al país las razones por las cuales se estarían repitiendo las actividades probatorias realizadas por la Corte Suprema.
"Pues lo que corresponde es tenerlas como elementos materiales probatorios, evidencias o información legalmente obtenida como fundamento para proseguir con la actuación procesal siguiente, que a la luz del derecho y de la transparencia no puede ser otra que la presentación del escrito de acusación en contra del imputado Uribe Vélez", mencionó.
Además, señaló que exhortó al delegado fiscal para que informe si la Fiscalía considera inválida la práctica probatoria que ha sido recaudada por el máximo tribunal de justicia en este expediente y cuáles serían las razones.
"De ser cierta la información sobre la repetición de estas actividades probatorias, estaríamos ante un escenario que pretendería modificar el sentido, alcance o resultados del abundante y contundente recaudo probatorio que llevó a cabo por años la Corte Suprema de Justicia con el fin de precluir el proceso", insistió.
La defensa de Álvaro Uribe ya impugnó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente la tutela que pretendía tumbar la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito, la cual dejó al expresidente en calidad de imputado en medio del proceso que se adelanta en su contra por supuesta manipulación de testigos.
El tribunal estimó que la acción de tutela presentada por el exmandatario es improcedente porque la actuación penal cuestionada se encuentra en curso, al interior de ella existen medios de defensa idóneos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa y porque, además, en este caso no se puede realizar el análisis reclamado porque implicaría “una interferencia injustificada en la órbita de competencia de la justicia ordinaria”.
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Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que definirá la suerte de Uribe Vélez, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal. Según Granados, este segundo intento para devolver el proceso a la etapa de indagación se presentó ante el alto tribunal con el fin de que se revise el conflicto procedimental “con el que se ha lesionado los derechos fundamentales del ciudadano”.
Lo que esperan los abogados de Uribe Vélez con esta impugnación es “restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa” frente a la interpretación que aplicó el Juez Cuarto Penal del Circuito, quien en noviembre de 2020 confirmó la libertad del exsenador pero consideró que sí es posible hacer una homologación entre la indagatoria que se realizó en la Corte Suprema bajo las reglas de juego de la Ley 600 del 2000 y una audiencia de formulación de imputación típica del sistema acusatorio, Ley 906 de 2004.
