Aunque los imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz en el primer auto de reconocimiento de ese tribunal sobre el delito de secuestro no han revelado su decisión, en un comunicado aceptaron haber cometido violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
El pronunciamiento se dio luego de un encuentro entre Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo y Rodrigo Granda; que denominaron “Análisis del auto 019”.
Ese documento fue el primer auto de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, emitido el pasado 21 de enero, en la investigación del Caso 01, definido como “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, en el que se imputó a ocho ex miembros del antiguo secretariado de la entonces guerrilla Farc-EP. De los que se pronunciaron este jueves 18 de enero, solo faltaron Milton de Jesús Toncel y Juan Ermilo Cabrera.
“Este encuentro es la continuación del proceso de aporte de verdad que se viene adelantando por parte de quienes integramos las FARC-EP, en donde se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad por el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas”, señalaron en un comunicado público.
Según dijeron en la comunicación, el taller se realizó para aclarar dudas, proponer y consultar hombres y mujeres en proceso de reincorporación y consultar las dimensiones jurídicas individuales y colectivas, con expertos jurídicos e internacionales, del auto de la JEP.
Los firmantes señalaron que el conflicto “tiene profundas raíces sociales” y que la confrontación armada surgió como un medio de “defensa de los derechos campesinos a la tierra y a la vida” que se extendió como respuesta a otras injusticias sociales.
“Es por ello que debemos recordar que nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario, por lo cual, nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad y crear condiciones de vida dignas, pero también reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Hechos y conductas que han venido siendo reconocidas de manera individual y colectiva (comparecencia colectiva del 23 de septiembre de 2019) ante la JEP, la sociedad en general y en actividades con las víctimas”, expresaron en la misiva.
Adicionalmente, en el pronunciamiento solicitaron a la sociedad civil a exigir en la implementación del Acuerdo de Paz, y exigieron a la JEP que, a través de su Sala de Amnistía, continúe con el proceso de liberación de los firmantes del acuerdo que continúan presos.
De acuerdo con la JEP, los imputados contaban con 30 días hábiles a partir de la emisión del documento para allegar a ese tribunal su respuesta, la cual puede ser aceptación o rechazo. En el caso de lo segundo deberán allegar pruebas que serán analizadas por el tribunal en su Unidad de Investigación y Acusación. Es decir, que quedan cerca de 10 días para que remitan la respuesta a los magistrados.
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“En el plazo señalado por la Jurisdicción Especial de Paz, estaremos entregando nuestra respuesta al Auto 019 de 2021, siempre, en el sentido que reclama una sociedad que exige el cese de la violencia política y se consolide por fin la paz con justicia social en Colombia”, señalaron los firmantes.
