El intento de censura al programa ‘Los Puros Criollos’ por parte del entonces gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC) Juan Pablo Bieri terminará en el plano judicial.
Diana Marcela Díaz Soto, la periodista que en enero de 2019 reveló el caso y puso en el ojo del huracán al funcionario, enfrentará una imputación de cargos por estos hechos. La Flip y varios periodistas rechazaron la decisión, pues consideran que esta es “un peligro para la libertad de prensa”.
Fue el mismo Juan Pablo Bieri quien denunció a la comunicadora tras el escándalo que lo obligó a salir de su puesto en la RTVC. En el audio, que fue grabado en diciembre de 2018 y revelado por la Liga Contra el Silencio, se le escucha diciendo que se debía sacar a ‘Los Puros Criollos’ de la parrilla de Señal Colombia y que Santiago Rivas, la persona que estaba al frente del programa, “no debía salir más en sus productos”.
En ese entonces, el funcionario se defendió y dijo que la grabación que se filtró fue “ilegal” porque “grabar sin permiso es igual de grave a chuzar”.
La audiencia de formulación de imputación está citada para el próximo 18 de noviembre a las 8:00 de la mañana. El delito que le endilgará la Fiscalía a la periodista Diana Díaz será el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, pues ella “habría incumplido con la cláusula de confidencialidad que firmó al entrar a RTVC”.
Para el ente investigador, la comunicadora habría incurrido en este tipo penal porque, como servidora del Estado, “usó en provecho propio información allegada a su conocimiento por razones de su función y que debía permanecer en reserva”.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a KienyKe.com que este caso “no es un ataque a la libertad de prensa”, si no que se busca determinar si la periodista incurrió en alguna falta de este tipo por “violar esa clausula de confidencialidad”.
Flip rechaza la imputación
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), rechazó la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a Diana Díaz e indicó que esto marca “un mal precedente para el país” porque es un “mensaje de acoso y persecución judicial hacia los periodistas”.
“Este tema es muy delicado y el proceso penal es un despropósito. Esto evidencia que hay una política de persecución en contra de las fuentes, que están protegidas por estándares internacionales. Las personas como Diana Díaz que se atreven a denunciar irregularidades en sus puestos de trabajo no deben ser perseguidas, ni tampoco ser blanco de represalias en actos penales y administrativos”, mencionó en diálogo con KienyKe.com.
La Flip le envió una carta al fiscal general Francisco Barbosa en la que expresó su preocupación frente al uso de estos mecanismos “ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados”.
“Vale la pena insistir que el Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad e integridad”, indicó.
Además, mencionó que este proceso penal contra la periodista no solo es un acto injusto sino también un desgaste para la administración de justicia.
“Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada; se actuó de buena fe para dar a conocer irregularidades; y se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre una irregularidad que no es menor, porque la prohibición de la censura es una garantía central para la democracia”, resaltó la Flip.
