El escándalo de las chuzadas que destapó la revista Semana, es apenas la punta de una madeja que al desovillarla no solo involucra a las FFMM sino también a un complejo mercado negro en el que interceptar un mail puede costar al mes 10 millones de pesos y a un celular 3 millones de pesos semanales.
El experto en seguridad y defensa nacional y catedrático de la Universidad Externado de Colombia en la escuela de gobierno, seguridad y políticas públicas,
Jairo Libreros, hizo para
KienyKe.com un crudo análisis de la forma como se mueven los hilos de la ilegalidad en el seguimiento a personas, entidades o gobiernos.
De acuerdo con su experiencia como consultor en seguridad señala que las tarifas que cobran quienes pueden 'chuzar´teléfonos, correos o chats, entre otros, deben haber subido cinco o seis veces de valor como consecuencia del escándalo que destapó la revista.
Lo que resulta inexplicable es que una vez se destapa la olla podrida de lo que hacen algunos de los encargados de las labores de inteligencia y contrainteligencia en los organismos de seguridad, de las destituciones "fulminantes y la apertura de investigaciones los verdaderos responsables no son castigados.
En Colombia y el mundo son muchos los ejemplos de cómo, por ruidosas que sean las publicaciones de los indebidos seguimientos en su momento, la semilla de lo ilegal en las actividades de espionaje e inteligencia sigue viva. El mal no se erradica y permanece en una especie de submundo y por lo visto es imposible exterminarlo.
Sin control
El experto Libreros advierte que los responsables de estas malas prácticas son quienes dan las órdenes y que no ha sido posible "tener controles efectivos, tampoco hemos podido crear sistemas para determinar que los teléfonos que se pinchan obedecen a una investigación."
"Hemos fallado en educación, en el nivel ético, siempre hay alguien dispuesto a obtener información de manera ilícita para obtener un beneficio y encuentran quien se preste a ello." Jairo Libreros
Frente a la ley Estatutaria que aprobó el Congreso en el año 2013 para fortalecer el sistema jurídico de las labores de inteligencia y contrainteligencia, considera que debe tener desarrollos legislativos para que sea efectiva.
Destaca cómo a la fecha en la Comisión Legal de seguimiento que estableció la citada ley, al conformarla no se ha elegido al senador o representante de un partido que se haya declarado en oposición al gobierno.
El mismo patrón
Las etapas que recorre una situación como la que vive el país por el supuesto seguimiento que desde la oficina de inteligencia del Ejército se le hace a magistrados, periodistas y políticos tienen un mismo patrón.
La primera es la decisión que toman algunos de quienes forman parte de los equipos que 'chuzan' ilegalmente por orden de sus superiores, bien sea en la fuerzas militares o de policía, la fiscalía u organismos como el desaparecido DAS, (hoy DNI, de filtrarle a un periodista confiable información detallada y con pruebas sobre lo que se hace en esas oficinas.
En la segunda etapa el medio favorecido con la jugosa filtración destapa con pelos y señales cómo se le hace seguimiento ilegal a todo tipo de comunicaciones a personajes señalados por los jefes de las centrales de inteligencia, o de cuerpos técnicos, con equipos sofisticados de interceptación y sin que haya orden judicial para hacerlo.
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Declaración de inocencia
Una vez estalla un escándalo de grandes proporciones, la etapa que sigue es la reacción previsible de parte de las cabezas de los organismos señalados, bien sean generales o altos funcionarios, quienes públicamente niegan conocer lo que el medio denuncia y se declaran inocentes.
https://twitter.com/NicacioMartinez/status/1217085997248282624?s=20
Investigaciones y destituciones
Otro de las acciones que se repiten cuando estallan escándalos por chuzadas son las destituciones de los supuestos responsables, o el retiro del servicio a los oficiales que dirigen unidades de inteligencia que realizaron labores indebidas desde sus altas posiciones. La Físcalía a su vez anuncia y abre investigaciones a los implicados.
A comienzo del 2014 también la revista Semana destapó el seguimiento ilegal que se le hacía desde la Dirección de inteligencia a quienes por las Farc y el gobierno Santos en la Habana negociaban un acuerdo de paz.
De las chuzadas no se libraron siquiera dos altos oficiales retirados del ejercito y la policía como los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.
La reacción del ministro Juan Carlos Pinzón fue retirar al Director de Inteligencia del Ejército, brigadier general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica, brigadier general Jorge Zuluaga A ellos se sumó el relevo de sus cargos a 20 miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
https://twitter.com/tortugadiaz/status/431061873065086976?s=20
Tal como ocurre a la fecha con las denuncias de Semana, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo aseguran no saber que eso estaba ocurriendo, en 2014 el presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y los comandantes de fuerzas dijeron que ninguno de ellos dieron "instrucción alguna en el sentido de utilizar las herramientas de inteligencia para fines no establecidos en la Constitución y la leyes”.
Los jefes libres
Andrés Sepúlveda condenado a diez años de cárcel y señalado como el Hacker contratado por la campaña de Oscar Iván Zuluaga para espiar los diálogos de la Habana, según versión de la revista Semana en 2014, es uno de los pocos que paga pena por chuzar teléfonos y correos de integrantes de la mesa.
La propia fiscalía señaló que Sepúlveda no tiene la formación ni la experiencia para realizar ese tipo de trabajos. El pago que le hicieron fue de 8 millones de pesos.
Los recursos para la operación Andrómeda, que implicó pagar por las chuzadas fueron extraídos del presupuesto del Grupo de Atención Humanitaria al desmovilizado. EL grupo encubierto de espías operaba en una casa con fachada de restaurante en el barrio Galerías de Bogotá.
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Foto Richard Nixon, White House[/caption]
También caerás
Los espías, los infiltrados, los dobles agentes, los equipos para interceptar comunicaciones, incluidas las palomas mensajeras, valiosas emisarias que cumplieron una gran tarea en la primera guerra mundial, forman parte de la historia de la guerra por el poder y por conocer que piensa y que dice el enemigo.
De las interceptaciones no se escapan ni siquiera los presidentes. Ernesto Samper y Álvaro Uribe en pleno mandato fueron objeto de chuzadas en sus conversaciones telefónicas que fueron divulgadas por los medios.
Es famoso el audio de la charla entre Ernesto Samper y Elizabeth Montoya de Sarria, esposa de un conocido narcotraficante que fue condenado a prisión. A ella la señalaron como supuesto enlace entre la campaña de Samper y los Rodriguez Orejuela.
Vía telefónica ella le dice que vaya a su casa y él le dice que no puede que mejor vaya a visitarlo al Palacio y cuando Sarria se niega se le oye decir al primer mandatario "Monita no sea retrechera." De ahí salió el apodo que la hizo famosa hasta su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe también ha sido víctima de chuzadas, asi lo denunció hace poco. La más famosa filtración es la conversación que sostiene con Luis Fernando Herrera a quien le reclama airado por ofrecerle a un narcotraficante candidato a extradición que él lo podía ayudar con el fiscal.
Textualmente se oye a Uribe Velez decir "Quiero decirle que estoy muy berraco con usted y ojalá me graben esta llamada" y después de un duro reclamo lo amenaza: "si lo veo le voy a dar en la cara marica".
Castigados por Watergate
El 8 de agosto de 1974 Richard Nixon renunció al cargo de Presidente de los Estados Unidos, presionado cuando el Gran Jurado federal lo consideró copartícipe, sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo Watergate.
El partido Republicano realizó labores de espionaje con fines de desprestigio contra la campaña demócrata de George McGovern durante la reelección de Nixon.
Carl Bernstein, el periodista del Washington Post, quien junto con su colega Bob Woodward destaparon el escándalo de Watergate describió hace un par de años en una entrevista a CNN las acciones de los implicados en el complot.
“Se trataba de un patrón de actividades ilegales que involucraba golpear físicamente a miembros de la oposición política, robando sus memorandos, interviniendo las líneas de los opositores políticos, irrumpiendo en las oficinas de psiquiatras, bombardeando centros de pensamiento.” Bob Woodward periodista del Washington Post.
A diferencia de lo que pasa con las investigaciones por interceptaciones ilegales históricamente en Colombia, donde los responsables quedan libres, Watergate no solo obligó a Nixon a renunciar, con él cayeron muchos otros.
Funcionarios de su gobierno fueron condenados por cargos relacionados con Watergate. Entre ellos había muchos importantes personajes como John Mitchell, presidente de campaña de Nixon y secretario de Justicia; el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca, H. R. Haldeman; John Dean, abogado de la Casa Blanca, y John Ehrlichman, su asesor de política nacional.