Esta charla fue un vaivén de emociones, con picos bastante altos, pero otros en los que el llanto trató de asomarse, pero el pudor lo evitó. Juanita —así le llamaremos porque no quiere que se sepa su nombre verdadero— está cansada. Y repite de manera sacrosanta "que Dios tenga misericordia de nosotros" como si él fuera el único capaz de darle una mano a ella y a sus 208 compañeras. Juanita trabaja en el hospital San Francisco de Asís en Quibdó, la capital de Chocó, departamento colombiano que circunda con el océano Pacífico y que se encuentra al noroeste de Bogotá a 572 kilómetros de distancia. Un lugar en que el oro mandaba en épocas pasadas, los cultivos de coca más recientemente.
Juanita es auxiliar de enfermería del único hospital público de segundo nivel de la región, institución que atiende a personas de bajos recursos y en un alto estado de vulnerabilidad. "Llegan desde indígenas de los resguardos aledaños hasta afrodescendientes que viven a la ribera del Atrato en condiciones marginales". A Juanita no le pagan su salario hace cuatro meses y con su esposo desempleado ha tenido que recurrir a los prestamistas locales para sobrevivir.
"Te cobran intereses del 12% y te secuestran la tarjeta débito para asegurarse que uno les regrese el dinero", relata a Sputnik.
La última vez que le abonaron algo fue hace cinco meses cuando la situación estaban aún más crítica. Sin embargo, las deudas adquiridas con anterioridad hicieron que ese dinero se fuera como agua entre los dedos. "A un compañero solo le quedaron 20.000 pesos [alrededor de cinco dólares]. Así es imposible seguir adelante".
- Lea también: Jorge Iván del Valle: "Quiero dejar un legado"
Otra enfermera, de quien prefiere no hablar con nombre propio, se la pasa con un tajo de humedad en el rostro cada vez que va al trabajo. Porque, sí, las enfermeras del hospital siguen cumpliendo con sus turnos a pesar de no tener recursos para comer. "Tiene un hijo con síndrome de Down y se quedó sin dinero para cancelarle a la señora que le ayuda con su cuidado mientras ella trabaja. Lo único que pude hacer fue darle esperanza, quizá lo que la calma y aleja un poco el llanto".
La sensación de renunciar y no volver nunca más es continua, pero el compromiso con las gentes desfavorecidas de un departamento olvidado por el Gobierno nacional es enorme. Y nadie llega tarde, todos laboran más de 12 horas, de ser necesario. La intervención de la voluntad, que llaman. Sumado a eso, el centro médico carece de elementos básicos para la atención de los pacientes: apenas un aparato para hacer ecografías, ocho camas de cuidados intensivos —dos no se pueden utilizar porque la luz se va constantemente en esa región del país— y la falta de insumos para mantener los protocolos de bioseguridad en plena pandemia del COVID-19 —tapabocas, alcohol, geles desinfectantes—.
De hecho, hace poco, un enfermo falleció cuando estaban haciéndole un proceso de reanimación, pues era necesario hacerle una transfusión y no había sangre. "Y eso no es todo. En estos días vi a una compañera que llegó con la ropa muy, pero muy sucia porque ya ni siquiera tenía jabón para lavarla y otro se desmayó porque llevaba dos días sin comer. Nuestras neveras están vacías y con buenas intenciones no las vamos a llenar", afirma Juanita.
En días pasados, Juanita, que hace las veces de líder del grupo de enfermeras, volvió a reclamar y a tocar puertas buscando una solución. Pero el mensaje fue el mismo: que ya casi, que los dineros ya fueron asignados, que es un proceso de demora de cartera y otras tantas vaguedades.
"Es duro, sobre todo por esta época en la que uno camina por las calles y ve a las familias comprar cosas para Navidad. Para nosotros no habrá felices fiestas ni nada por el estilo. Para nosotros solo seguirá reinando la incertidumbre", concluye Juanita, haciendo alusión a una región que hace mucho selló su suerte, una región de invisibles y de un calculado abandono. Y en la que las soluciones, gobierno tras gobierno, es aumentar la presencia de fuerza pública, pero esa no es la manera más efectiva para que un estado haga presencia en esta tierra de olvido.
- Le puede interesar: La esquina de las cenas navideñas en Bogotá
¿Qué dicen de los pagos pendientes?
Camilo Prieto es un médico activista y quien ha dedicado los últimos años a trabajar en departamentos vulnerables de Colombia como Chocó. Además, es vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, que promueve la protección del medio ambiente. Hace año y medio llegó como voluntario al hospital San Francisco de Asís y desde entonces se ha dedicado a trabajar por los derechos laborales de sus enfermeras.
"Ahora les donamos 2.000 mascarillas quirúrgicas y filtros N95 porque había enfermeras que estaban usando estos implementos varias veces". Prieto cuenta a Sputnik que el centro médico fue intervenido por la Superintendencia de Salud, entidad que tiene como misionalidad hacer cumplir las normas que reglamentan el sistema de salud en Colombia —"inspeccionar, controlar y vigilar los recursos que se destinan en este campo"— y que son ellos los encargados de girar los recursos.
Gracias a Prieto, Sputnik conoció la resolución 1712 de 2021 a través de la cual el Ministerio de Salud asignó recursos del entonces Fondo de Salvamento para el Hospital Departamental San Francisco de Asís, entre otras instituciones.
"El giro está aprobado desde octubre pasado, pero solo contempla dos meses y no los posteriores a la fecha en la que salió la resolución, es decir, noviembre y diciembre. Y el Ministerio no dice nada, todo el mundo se queda callado", revela Prieto .
Por ahora, aunque puede que llegue algún dinero, Prieto asegura que este problema cíclico —porque no es la primera vez que sucede— no se solucionará hasta que las instituciones del país miren hacia esa región y se haga una lucha constante contra la corrupción.
"A nadie le importa el Chocó, sus habitantes no tienen voz. Y pelear contra una discriminación que tiene tanta historia es como remar corriente arriba", concluye.
