Ha vuelto el desplazamiento a El Charco (Nariño)

En este momento, el covid-19 es el menor de los problemas en el municipio de El Charco. El lugar fue uno de los últimos municipios no covid del país por las dificultades para acceder a este lugar, ubicado sobre el río Tapaje, en la subregión de Sanquianga, en la costa norte del departamento de Nariño. Cuando el virus aterrizó, porque las malas noticias tienen la habilidad de volar y expandirse, alcanzó a registrar varias decenas de casos positivos hasta agosto. 

Desde entonces hasta ahora, según el alcalde del municipio, Víctor Candelo Reina, los casos positivos aparecen quincenalmente y se pueden contar con los dedos de la mano. El total de contagiados desde el inicio de la pandemia en El Charco hasta hoy asciende a 222, es decir, el 1,05% de los 21.071 habitantes que fueron registrados en el Censo del DANE en 2018. 

Después de todo, aunque el alcalde y su equipo siguen las instrucciones del Gobierno central para mitigar los contagios por el virus mortal, la mayoría de la población en este municipio es afrodescendiente y aún pone en práctica los secretos de la medicina tradicional del Pacífico colombiano. 

Uno de sus secretos mejor guardados es la planta Gliricidia sepium, conocida popularmente como el matarratón, una hierba que crece en climas tropicales y suelos arcillosos —es decir, se da todo el año en un lugar tan cercano a un río—. Como su nombre lo indica, las hojas de esta planta tienen componentes tóxicos que pueden acabar con la vida de un ratón, un perro y —si reúne suficientes hojas— un caballo. 

Sin embargo, las comunidades del Pacífico usan las hojas de esta hierba para tratar síntomas respiratorios menores. “Por ejemplo, la gente toma 14 hojitas de matarratón, las mezcla con agua, las macera y ahí sale un bebedizo que se toma, se baña o se acuesta en él. En fin, tiene varias formas de utilizarse y las propiedades son bastante grandes”, asegura el alcalde Candelo.

Con el tratamiento de los síntomas en casa mediante el conocimiento ancestral, la población tiene el problema de la covid-19 en relativo control. Incluso, según lo informado por el alcalde a este medio, El Charco comenzaría el proceso de retorno seguro a las aulas por alternancia el próximo 12 de abril. Por desgracia, esos planes tendrán que retrasarse por un dolor que no se va con una infusión de hierbas maceradas: el desplazamiento por el conflicto armado interno.

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Un problema de años

Además de los cuantiosos desastres naturales que han resquebrajado el municipio, los problemas de conectividad solo permiten entrar o salir de El Charco en lancha o avión. Sin embargo, la naturaleza no ha sido tan implacable con los charqueños como la violencia humana de los grupos armados ilegales. 

Después de todo, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, el paso por el conflicto en El Charco ha dejado un total de 15.345 víctimas que sigue en ascenso. 

El municipio, que es bendecido con su ubicación costera y el fácil acceso a afluentes, ha sido azotado de muchas maneras por un conflicto que no iniciaron. En el municipio hay sembradíos de hoja de coca, una oro verde ilegal que tiene la particularidad de romper los tejidos sociales de los sitios donde brota. De hecho, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) lo ubica entre los diez municipios más afectados por este flagelo en Colombia.

El Simci, liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ubica al municipio dentro del enclave El Charco-Olaya Herrera para su análisis. Dicho enclave es estratégico por sus rutas marítimas: tiene acceso a los ríos Tapaje y el Satinga, así como manglares con salida al océano Pacífico; las salidas fluviales permiten el fácil traslado de este producto hacia sus consumidores en Colombia y el exterior. Según el reporte Simci de 2019, el área produce el 10% de la coca de la región y el 3.6% del total nacional.

El potencial del territorio para esta actividad ilícita, las situaciones de desigualdad y el olvido estatal son los ingredientes de los constantes tragos amargos que ha tenido que probar esta población nariñense. La primera vez que Víctor Candelo fue alcalde del municipio de El Charco, su administración tuvo que hacerle frente a una fuerte ola de desplazamientos. Para aquel entonces, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que ocurrieron entre el 23 de marzo y el 23 de julio de 2007 dejaron un saldo de 14 mil personas desplazadas. 

Otros hechos asociados al conflicto que han enlutado a esta población y han sido registrados por la Comisión de la Verdad, incluyen una bomba explosiva que le fue encargada a un niño de once años —sin que él lo supiera— y que finalmente acabó con su vida en 2010. También se recuerda la masacre en la que murieron el concejal David Creo y cuatro de sus familiares.

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Auxilio

La pandemia, lejos de controlar el orden público nacional, ha recrudecido las acciones de las estructuras criminales que operan fuera del ojo del Gobierno central. Una nueva ola de desplazamientos está ocurriendo desde el pasado 18 de marzo en El Charco: las personas están abandonando sus casas y se acercan a la cabecera municipal en busca de refugio.

De acuerdo con el alcalde, 3337 personas, miembros de 1197 familias, han salido de ocho veredas del municipio y están ocupando las escuelas. Algunos pudieron recibir cobijas y colchonetas para pasar las noches con más comodidad, pero los recursos no son suficientes.

Luego de un consejo de seguridad, miembros de la fuerza pública se dirigieron hacia la vereda Santa Catalina, pero el alcalde dice que las confrontaciones se están trasladando hacia otras veredas, como Matapalo y Las Mercedes. Estos lugares se encuentran sitiados y no se ha podido comprobar el estado actual de los habitantes. 

Lo que sí se ha sabido es que dos adultas mayores, una de 85 años y otra de 91, murieron en la vereda Santa Catalina por impactos de bala. Una mujer en estado de gestación también perdió a su bebé. Las personas que han salido corriendo para salvar sus vidas sienten mucho miedo y la Alcaldía siente la presión para hacer el acompañamiento a estas víctimas con recursos limitados.

El Gobierno central está minimizando la situación y su gestión se ha limitado a llamar al alcalde, pero él dice que necesita más para atender esta emergencia humanitaria. El acompañamiento psicosocial para estas personas es urgente y el municipio, que no cuenta con instituciones de educación superior, solo tiene un trabajador social y un psicólogo. También urgen colchonetas, toldillos, sábanas e implementos de aseo. Por supuesto, los insumos para alimentar a la población también son urgentes. 

La petición más importante es que el Gobierno central deje de minimizar el problema, porque sus víctimas son muy reales, y ayude a restablecer la paz en un pueblo que ya sufrió suficiente.