Isaac, un guatemalteco de 17 años, cruzó la frontera estadounidense hace unos seis meses y fue detenido como menor de edad por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, mucho antes de que el coronavirus existiera.
El mes pasado, mientras se aproximaba la fecha en que cumpliría 18 años, parecía que iba a ser liberado para vivir en un refugio de Texas donde el director prometió que se le “brindaría terapia y tendría acceso a servicios médicos para obtener la asistencia que necesitara” en relación con hipertensión, ansiedad severa y, de ser necesario, la COVID-19, en caso de que el virus llegara al refugio.
En cambio, el día que llegó a la mayoría de edad ante los ojos del gobierno estadounidense, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) aparecieron y se lo llevaron al Centro de Procesamiento del Condado de Otero en El Paso, Texas, donde dice que duerme a medio metro de distancia de decenas de otros migrantes.
“No tengo médico. Tengo medicinas, pero son las que me dieron en el refugio anterior, cuando era menor de edad”, comentó Isaac, quien pidió que solo se le identificara por su segundo nombre por temor a represalias.
Alrededor de 32.000 migrantes siguen en custodia por delitos civiles mientras ICE enfrenta una presión cada vez mayor para atender las preocupaciones de salud que supone la propagación del coronavirus, que incluye a muchos como Isaac que inicialmente fueron detenidos como menores, luego fueron retenidos el tiempo suficiente para cumplir la mayoría de edad y los trasladaron a un centro de detención para adultos.
Hasta el miércoles por la noche, ICE había confirmado 287 casos del virus entre los detenidos y 35 casos entre los miembros del personal.
A principios de este año, los abogados que representaban a dos migrantes argumentaron en una demanda colectiva que el Departamento de Seguridad Interior y el ICE habían violado un estatuto que ordena la protección de los niños migrantes basándose en una tecnología dudosa y en la discreción de las oficinas locales individuales.
Como resultado, en vez de que los menores sean enviados a un hogar comunitario, terminan en las cárceles del ICE.
El sistema implementado por el gobierno para decidir dónde ubica a quienes cumplen la mayoría de edad y que se encuentran en los refugios para menores ejemplifica el alcance de las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Esas medidas incluyen una orden ejecutiva firmada el miércoles que restringe la inmigración legal a Estados Unidos y oscuras maniobras de procedimiento como las detenciones por edad que no solo limitan las oportunidades de solicitar refugio en el país, sino que también podrían exponer a una población vulnerable a la pandemia.
Esta semana, el Departamento de Educación incluso prohibió a las instituciones de educación superior que ofrecieran ayuda de emergencia a los estudiantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que actualmente están protegidos contra la deportación.
El coronavirus ha reavivado los esfuerzos antimigratorios del presidente, a pesar de que incluye un nuevo escrutinio. Esta semana, un juez federal de California ordenó a ICE que revisara los casos de los detenidos que estuvieran en alto riesgo de contraer el virus, incluidos los mayores de 55 años.
El coronavirus también ha aumentado la preocupación por la polémica, y posiblemente ilegal, práctica de trasladar a jóvenes migrantes como Isaac cuando cumplen 18 años de refugios relativamente benignos administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos a los centros de detención del ICE del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque la opción más segura para los adolescentes sería que los dejaran en libertad con un patrocinador, los abogados migratorios dicen que los refugios y los hogares comunitarios proporcionarían más espacio y atención que los centros de detención, donde los jóvenes migrantes se mezclarían con otra población contingente y estarían expuestos al virus, así como a daños psicológicos.
“Nuestros clientes están aterrados ante la posibilidad de ser transferidos a un centro de detención vigilado con un gran número de personas en entornos cerrados y confinados, lo que contraviene directamente los consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) sobre cómo estar a salvo de esta pandemia”, comentó Anthony Enriquez, director del programa de menores no acompañados de Catholic Charities, quien representa a otro adolescente de Nueva York que en las últimas semanas fue esposado por agentes del ICE el día que cumplió 18 años y fue trasladado a un centro de detención.
“Esta es la receta para un desastre humanitario”, dijo Enríquez.
Además de los riesgos sanitarios están las cuestiones jurídicas: un juez federal del Distrito de Columbia pronto decidirá si el gobierno de Trump está violando la ley al trasladar a otro tipo de instalaciones a los migrantes que cumplen la mayoría de edad.
Según los abogados, al optar por detener a los adolescentes en vez de liberarlos para que permanezcan en hogares comunitarios o con familias de acogida, el gobierno está violando la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, que exige que el gobierno considere “el entorno menos restrictivo disponible” para los migrantes.
En Houston, los agentes del ICE pusieron al 97 por ciento de los adolescentes transferidos de la oficina de reasentamiento bajo custodia de los centros de detención, en vez de trasladarlos a hogares comunitarios, según un análisis de los datos del gobierno de octubre de 2018 a mayo de 2019 presentados durante el juicio. En Miami fue el 96 por ciento y, en El Paso, el 80 por ciento.
Los abogados de los jóvenes detenidos dijeron que el gobierno había demostrado que no tenía que ser así. Un agente del ICE de la oficina local de San Antonio, donde las estadísticas de distribución son considerablemente mejores, testificó durante el juicio que, si la oficina de reasentamiento no hubiera reunido a un adolescente con un patrocinador, él encontraría un hogar comunitario que acogiera al migrante.
Los agentes del ICE en San Antonio solo reubicaron al 2,6 por ciento de los jóvenes migrantes en centros de detención, en lugar de liberarlos en hogares comunitarios o con patrocinadores entre octubre de 2018 y mayo de 2019.
“No detenemos a los migrantes que dejan de ser menores de edad”, testificó el agente de ICE, José Munguía.
April Grant, vocera de ICE, se negó a comentar los detalles del litigio vigente. Grant mencionó que al decidir si se detenía a los inmigrantes que cumplían 18 años, la agencia consideraba si había riesgos de fuga o si eran un peligro para sí mismos o para la comunidad, así como si había un espacio alternativo disponible.
Si bien estos traslados también se realizaron durante gobiernos anteriores, el gobierno de Trump se está aprovechando de un sistema amañado que garantiza que los migrantes de ciertas partes del país serán detenidos al cumplir los 18 años, según Stephen Patton, uno de los principales abogados en el juicio que están litigando el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y Kirkland & Ellis en el Distrito de Columbia.
El sistema computarizado de “evaluación de clasificación de riesgos” del ICE permite a los agentes ingresar la información de un migrante y luego recomendar la detención o la liberación.
Sin embargo, según documentos judiciales, la agencia hizo cambios en la herramienta en agosto de 2017 para eliminar la opción de liberación, dejando solo las recomendaciones de “detención” o “supervisor por determinar”.
Una hoja de trabajo que requería que los agentes del ICE documentaran sus consideraciones sobre alternativas a la detención no incluía un espacio para detallar los posibles refugios disponibles. A los agentes les quedan dos opciones: “detener” o “no detener”.
“No había ni una pizca de evidencia de que liberar a estos niños causara algún problema ni de que encontrarles patrocinadores fuera una carga excesiva”, dijo Patton. “Podían cumplir si quisieran, y de hacerlo, casi todos quedan en libertad”.
Los migrantes que han cumplido la mayoría de edad y han sido enviados a los centros de detención del ICE dicen que el virus es otra más de las preocupaciones, que incluyen las amenazas de otros detenidos, el maltrato del personal y la falta de recursos médicos.
Sulma Hernández Alfaro, quien huyó a la frontera para escapar de sus familiares abusivos en Honduras, dijo que estaba confundida cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se presentaron en el refugio del gobierno donde se alojaba en San Benito, Texas, en 2017.
El personal ya le había dicho que sería liberada para vivir en un hogar comunitario cercano, La Posada Providencia, cuando cumpliera 18 años.
Las peticiones que hicieron sus abogados al ICE para que la dejaran vivir en el hogar de acogida no tuvieron respuesta, según los archivos del tribunal.
Alfaro dijo que fue amenazada por otros detenidos y que el personal del centro de detención la trató mal. En una ocasión, una guardia le gritó cuando pidió un tampón y la regañó cuando pidió una muda de ropa.
“Me gritó y me dijo que lavara la ropa en el lavabo porque para eso tenía manos”, dijo Alfaro.
Por: Zolan Kanno-Youngs
