El martes 4 de febrero, durante el consejo de ministros transmitido en vivo, el presidente Gustavo Petro, hizo una declaración inesperada que generó controversia en el ámbito político y judicial del país. En un hecho poco esperado, él cuestionó la reciente ratificación de la condena a cinco años de prisión a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, por vandalismo contra una estación de Transmilenio en 2019. El mandatario criticó la rapidez con la que se llevó a cabo el juicio, señalando que no se aplica la misma celeridad en la investigación de casos de corrupción de alto calibre.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra la empresaria de queratinas el pasado mes de enero, hallándola culpable de los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Los hechos por los cuales fue condenada se dieron a conocer a través de videos publicados por ella misma, en los cuales se la veía rompiendo el mobiliario de una estación de Transmilenio con un martillo durante el estallido social de 2019.
Petro aprovechó la ocasión para poner en duda la imparcialidad del sistema judicial colombiano y sugirió que el proceso contra Epa Colombia podría estar relacionado con su estatus como figura pública y su contexto social. “Se la llevan presa porque le pegó a un vidrio, que ella restituye, porque es un bien público. Lo hace en medio del estallido social. ¿Qué están condenando, Ministerio de Justicia? ¿El hecho o es un acto de injusticia?”, expresó el presidente.
El mandatario insistió en que el verdadero trasfondo de la condena a Epa Colombia es la criminalización de las personas que se manifestaron en contra del gobierno de Iván Duque durante las protestas de 2019. En sus palabras, la influencer fue castigada no solo por sus acciones, sino por ser "popular y pobre", y por alzar la voz en un momento en que los jóvenes estaban luchando por sus derechos.
"A Epa la castigan por ser popular y pobre. Por levantarse y expresar su descontento en un momento en que los jóvenes están protestando. O sea, castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta", afirmó Petro.
Sin embargo, el tema que provocó aún más reacciones fue la crítica del presidente hacia la justicia en Colombia por no actuar con la misma rapidez en los casos de corrupción que salpican a altos funcionarios y exgobernantes. En particular, Petro se refirió al presunto desfalco al Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (Ocad Paz), donde, según diversas denuncias, se habrían desviado billonarios recursos destinados a financiar proyectos para los firmantes del acuerdo de paz de 2016.
"Tenemos, posiblemente, 16 billones de pesos robados, algo que es fácilmente investigable. Solo hay que ir al sitio, ver en qué fecha se hizo el contrato, qué alcalde lo firmó y por qué no está en la obra. Ya, para la cárcel", señaló el presidente, criticando la falta de acción judicial en este caso.
Según Petro, la razón detrás de la falta de avances en estas investigaciones sería un intento deliberado de encubrir el supuesto entramado de corrupción, que podría llegar hasta los niveles más altos de la administración del ex presidente Iván Duque. "No van a prisión, porque si los encarcelan, el mecanismo se descubre y llega hasta la Fiscalía y el Poder Judicial. Se encubre el delito, no porque hay mucho trabajo, sino porque hay una predeterminación, a pesar de la denuncia. Yo lo viví yo muchas veces", declaró.
