En un giro sorprendente, el nombre de Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y destacado empresario, se ha visto envuelto en un escándalo judicial que ha sacudido los cimientos del fútbol español. La justicia española ha imputado a Piqué en relación con un controvertido acuerdo que trasladó la Supercopa de España a Arabia Saudí, desatando una ola de especulaciones y cuestionamientos sobre sus actividades comerciales.
La investigación, dirigida por la magistrada Delia Rodrigo, ha ampliado su alcance para incluir a una quincena de personas, entre las que se encuentran prominentes figuras del ámbito futbolístico y empresarial español. Entre los imputados se encuentran Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); Francisco Javier Martín Alcaide, amigo personal del ex presidente de la RFEF Luis Rubiales, y varios directivos de la empresa Gruconsa, encargada de las obras del estadio sevillano de La Cartuja. También figuran nombres como el ex asesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto y el exdirector de servicios jurídicos Pedro Manuel González Segura.
Lea también: "Dejen la bobada", Camilo Pulgarín critica a espectadores de La Casa de los Famosos
El foco de la investigación se centra en un contrato firmado entre la RFEF y la empresa saudí Sela, que facilitó el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Según la jueza Rodrigo, este contrato incluía una "prima de éxito" de 4 millones de euros anuales para Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, quien actuaba como intermediario. Lo más controvertido de este acuerdo es que Piqué aún era jugador del FC Barcelona en el momento de la firma, y su equipo participaba en la Supercopa.
La magistrada está examinando si estos acuerdos podrían constituir delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y posible blanqueo de capitales. Se señala que Pedro Rocha, en su papel de vicepresidente económico de la RFEF, aparentemente no convocó a la comisión económica para analizar las prórrogas del acuerdo, lo que ha levantado sospechas sobre su gestión.
Además, se revela que la actividad empresarial de Martín Alcaide en España y la República Dominicana podría estar destinada a ocultar el destino de los fondos recibidos de Gruconsa. Por otro lado, González Cueto habría recibido transferencias de Dismatec, provenientes de Gruconsa, y se detecta una "discrecionalidad" en el uso de fondos federativos para pagos a terceros.
Además: "Me jugó muy mal", Juan Pablo Jaramillo explica brote psicótico
La investigación también indaga si desde la comisión económica de la RFEF se elaboraron ofertas ficticias para adjudicar obras a Gruconsa, lo que habría permitido incluir partidas injustificadas en las facturas con el objetivo de desviar dinero hacia Francisco Javier Martín Alcaide.
