Varios alcaldes y alcaldesas del país aseguraron que el ataque perpetrado el pasado sábado 4 de abril en contra de una misión médica que transitaba por carreteras del occidente del departamento de Nariño, entre Barbacoas y Tumaco, debe ser tratado como un delito de lesa humanidad.
Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, mencionó que todos los mandatarios rechazaron enfáticamente este atentado que dejó un saldo de dos personas muertas y otras dos heridas.
Las víctimas mortales, que eran el conductor del vehículo y la paciente, se desplazaban hacia el Hospital San Andrés de Tumaco cuando fueron blanco del ataque. Las personas que resultaron lesionadas se encuentran recuperándose en centros hospitalarios del territorio.
“En momentos como este debemos proteger y garantizar la vida del personal médico, ellos merecen nuestro absoluto reconocimiento por la labor que realizan día a día velando por la salud de los colombianos”, dijo por su parte Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera y presidente de Fedemunicipios.
Tras esta situación, los alcaldes y alcaldesas instaron al Gobierno Nacional a encontrar y judicializar a los autores de los hechos ocurridos en Nariño como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el abogado Fernando Vargas, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, indicó que, aunque fue un acto grave, no puede ser considerado como de lesa humanidad y tampoco como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Vargas dijo que, en principio, técnicamente no se le puede llamar como un ataque a una misión médica porque el vehículo en el que se transportaban estas personas “no era una ambulancia y tampoco estaba identificado como un carro de asistencia sanitaria”.
“Era un vehículo particular que estaba desplazándose en una zona donde, seguramente, los grupos criminales y narcotraficantes imponen la ley a su manera”, mencionó.
Mencionó que, seguramente, las víctimas se desplazaron por una zona en la que el grupo terrorista, que aún no ha sido identificado, prohibió el desplazamiento y que al verlos allí abrió fuego en su contra.
“No es un delito de lesa humanidad ni de violación del DIH porque no hay grupos irregulares reconocidos como partes del conflicto en esa zona. Lo que hay allí son grupos terroristas organizados, bandas criminales, narcotraficantes, que siembran el terror en la región para controlar el mercado de las sustancias ilícitas”, afirmó.
Vargas indicó que este crimen está totalmente enmarcado en las normas del Código Penal, de manera que aseguró que la Fiscalía tiene que imputar los delitos respectivos a los responsables, llevarlos ante un juez y lograr que sean condenados.
“Estas son bandas criminales que tienen que ser sometidas por la Fuerza Pública, con el Código Penal en la mano, con los fiscales al pie y con los jueces aplicando condenas. Eso es lo que hay que hacer”, finalizó.
