Las autoridades tradicionales indígenas pidieron que el caso de los siete soldados del Ejército Nacional que aceptaron violar a una niña de 13 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabú - Embera Katío sea entregado a la justicia indígena para que bajo sus normas se les juzgue por este crimen que generó la indignación nacional.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) es una de las colectividades que ha respaldado esta solicitud hecha por la comunidad a la que pertenece la menor. Exigieron que los agresores sean entregados a la jurisdicción indígena y que, después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria.
“El lamentable hecho que hoy es noticia, constituye una grave vulneración de los derechos de la menor, y de afectación colectiva de su familia, el pueblo Embera Katío y los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes por acción u omisión se constituyen en un factor de riesgo en vez de garantía de seguridad para los pueblos y naciones indígenas”, indicó la ONIC.
La colectividad señaló que no debe haber impunidad en este caso y que, por esa razón, la Fiscalía General debe adelantar la investigación penal de manera coordinada con las autoridades tradicionales de la comunidad y los sistemas de justicia propia. “De ninguna manera este caso puede ser conocido por la justicia penal militar”, resaltó.
Además, pidió a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo realizar una acompañamiento juicioso y real en este proceso, con el fin que no se sume a la larga cifra de casos que quedan en la impunidad. Asimismo, indicó que el Ministerio Público debe adelantar su poder disciplinario e iniciar los procesos en contra de los miembros que cometieron tan despreciable hecho.
Aunque la justicia penal ordinaria ha adelantado el caso el cual va en etapa de imputación de cargos, Gerardo Jumi, autoridad indígena, le dijo a KienyKe.com que es muy posible que el proceso quede en manos de la jurisdicción especial indígena porque la víctima es una niña embera y porque los hechos ocurrieron dentro de un territorio perteneciente al resguardo Gito Dokabú - Embera Katío, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Puerto Rico, Risaralda.
Según dijo, las autoridades de los pueblos indígenas pueden determinar que ese es uno de los requisitos para que el proceso quede bajo su jurisdicción y que, desde ese momento, los jueces constitucionales indígenas pueden adelantar la investigación, el juzgamiento y la sanción.
Jumi aseguró que es apresurado determinar cuál sería la “pena” o “condena” que tendrían que pagar los siete soldados del Ejército por la violación de la niña embera bajo la justicia indígena, pues indicó que eso se determina de acuerdo a los hechos y las normas de cada resguardo.
“Las autoridades de cada comunidad usan su sistema oral y van determinando, de acuerdo a su tradición, cosmogonía y la cultura cuál será la sanción que se le debe aplicar a quienes cometieron el delito”, mencionó.
Por último, señaló que lo más importante es que los hechos no queden en la impunidad y que no se vuelvan a repetir estos actos en contra de los menores del país.
