En el contexto político, a lo largo de la historia de Colombia se ha presenciado una división permanente a causa de los diferentes pensamientos ideológicos. Es apenas normal que se evidencie una fragmentación en este campo, sin embargo, los gobernantes y la sociedad deben priorizar el cumplimiento de los derechos humanos, teniendo en cuenta sus puntos de vista y formas de pensar.
Nuestra nación no ha sido el mejor ejemplo en la protección de los derechos humanos. La violencia ha marcado gran parte de nuestro recorrido como país y hemos evidenciado que, cuando se quiere llegar a un consenso, termina en un intento fallido.
No obstante, no todos los acuerdos han sido ineficientes. Gracias al diálogo de múltiples sectores sociales y políticos se logró un acuerdo para promulgar una nueva Constitución Política (1991) para el país, en reemplazo de la Constitución de 1886.
En conmemoración por las tres décadas de la aprobación de la Constitución Política de Colombia, la Maestría y Especialización en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, llevó a cabo un evento junto a Antonio Navarro Wolff, quien expuso su más reciente contenido editorial titulado ‘Una Asamblea que transformó el país’.
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En su intervención, el constituyente destacó dos puntos importantes que resumen su obra. En una primera instancia, se refirió al poder del consenso y el impacto positivo que tiene un diálogo genuino.
Escuche las diferentes voces del evento conmemorativo, organizado por la Universidad Santo Tomás, acá:
“Yo diría que hubo cuatro consensos: un consenso ciudadano, uno político, uno institucional y uno de funcionamiento y fueron los elementos fundamentales que permitieron trabajar la nueva Constitución. En 1991, a pesar de las diferencias, trabajamos juntos, manteniendo puntos de vista distintos, pero buscando siempre puntos de acuerdo. Situación que hoy no existe” indicó Navarro Wolff.
En segundo lugar, el nariñense hizo énfasis en el artículo 1° de la Constitución el cual cita que “Colombia es un Estado Social de Derecho”, haciendo referencia al largo camino que queda por recorrer para cumplir dicha escritura.
“Decir que es un Estado Social de Derecho, indica que tiene un propósito social. En estos 30 años hemos avanzado en la carta de derechos y su aplicación, pero es un avance parcial, porque los gobiernos que hemos tenido no le han puesto el énfasis a esa realidad de avanzar”, expresó.
El perdón y diálogo como entes de transformación
Para lograr la transformación del país en términos políticos y jurídicos, el camino más promisorio era el diálogo. Para conceder la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, se decidió constituir una mesa directiva de tres miembros: Horacio Serpa (Liberal), Álvaro Gómez (Conservador) y Antonio Navarro (Militante del M-19).
Según Navarro Wolff, “fue un acto de reconciliación muy importante”, pues el acuerdo para la presidencia de la Asamblea tuvo involucrado a Álvaro Gómez Hurtado, quien había sido secuestrado por el M-19 en 1988. A pesar de este desagradable recuerdo, hubo un acto sincero para la construcción de un país que pedía apresuradamente, la implementación de una nueva Constitución, que priorizara la correcta ejecución de los derechos humanos.
“Hubo un acto de reconciliación de mucha profundidad. Nos sentamos en una casa en Bogotá a las 3:00 p.m. y les tengo que confesar que desde el primer momento hubo química. Se veía la sensación de que podíamos trabajar juntos. Fue una reconciliación entre Antonio Navarro y Álvaro Gómez que permitió conformar la presidencia colegiada de miembros a la Asamblea”, añadió.
La Constitución en la actualidad del país
El estallido social por el que atraviesa Colombia es importante si se tiene en cuenta lo estipulado en 1991, en una Constitución que fue construida desde los cimientos y partícipes de los movimientos sociales que habían sido excluidos en su época.
En el evento liderado por la Universidad Santo Tomás, también participó Álvaro Echeverri Uruburu, exdecano de la Facultad de Derecho y fundador de la Maestría de Derechos Humanos tomasina, quien profundizó en el libro de Antonio Navarro y comparó las realidades que se vivían en aquellos tiempos.
“La obra de Navarro nos recuerda hechos de enorme significación en la historia del país y que es preciso recordar. No sólo por sus enseñanzas para el presente, sino para nuestros jóvenes que desconocen el momento, desde que los gobiernos de turno decidieron dejarlos sin memoria histórica, cuando suprimieron en los planes de estudio de secundaria el conocimiento del pasado de nuestro país”, apuntó.
El derecho a la protesta está estipulado en el Artículo 37 donde dicta que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Hoy en día, el ejercicio de manifestación pública se ha visto empañada por sesgos políticos, cuando es un derecho inherente de la ciudadanía. Basado en lo anterior, Antonio Navarro cree que no es necesario hacer una reforma de la Constitución, sino que se debe exigir una acción eficaz, en el cumplimiento de la misma.
“El punto principal de la Constitución es que se cumpla el Estado Social de Derecho”, concluyó.
