El presidente Iván Duque volvió a lanzar fuertes dardos a la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que advirtió del presunto incumplimiento de la Farc en la entrega de bienes para reparación, pidió celeridad en el caso de Álvaro Gómez Hurtado y llamó a no aceptar miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia en ese mecanismo de justicia.
El pronunciamiento se dio en medio del Encuentro Internacional de Justicia Transicional ‘Respuestas Emergentes a Atrocidades Contemporáneas’, en el que participaron varios miembros de la JEP y el mecanismo de verdad, justicia y reparación, así como Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y la embajadora de Suiza en Colombia Yvonne Baumann.
El mandatario señaló, sobre la mitad de su intervención, que el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1922 de 2018 y la Ley 1957 de 2019, definen expresamente que quienes pueden comparecer ante la JEP son los excombatientes de las Farc y la Fuerza Pública, así como terceros responsables.
“Es claro que no hay cabida para los miembros de las mal llamadas AUC, máxime cuando ellos pueden someterse a la justicia bajo otros presupuestos normativos”, aseguró el mandatario y agregó: “Este escenario no es permitido para los exintegrantes de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues la propia Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se ha manifestado de manera clara. Y si bien participaron en confrontaciones armadas, no son destinatarios del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
El presidente Duque señaló que los paramilitares no son terceros civiles por cuanto fueron miembros de grupos armados, por lo que no puede someterse a ese nuevo sistema. Agregó que quienes fueron expulsados de Justicia y Paz, deben responder ante la justicia ordinaria.
“Así que no es posible que ahora pretendan algunos sugerir la inclusión de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia como terceros civiles, bajo el argumento de buscar la verdad, pues ellos ya tienen una ruta legal con autoridades, sanciones y mecanismos de implementación”, señaló.
Duque exaltó los resultados de la ley de Justicia y Paz y señaló que ese mecanismo presentó retrasos por la novedad de la justicia transicional en el país. Por lo que exigió a la JEP resultados con mayor velocidad y celeridad, porque según él, la Ley 975 de 2005 permitió aprender cómo actuar en esos mecanismos, pese a que son radicalmente distintos.
“En la actualidad, ya el sistema judicial colombiano no puede aducir excusas para que las autoridades judiciales no obren con mayor velocidad en escenarios de transicionalidad. Por el contrario, hoy más que nunca, la celeridad es un imperativo”, sostuvo.
El mandatario hizo un llamado a los máximos líderes de las extintas Farc para que reconozcan los crímenes “internacionales” que cometieron en el marco del conflicto armado, pidió que acepten violaciones, abortos forzados y reclutamiento de menores.
“Por otra parte, exigimos que paren las declaraciones abiertamente desafiantes y revictimizantes, como las hechas a comienzos de este mes acerca de que en las filas de las FARC se presentaron abortos voluntarios”, señaló el presidente Duque.
El mandatario también se refirió al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y calificó de “presunto reconocimiento” la aceptación de responsabilidad que hizo Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, de haber sido él quien ordenó cometer ese asesinato desde las entonces Farc-EP.
“Este presunto reconocimiento, tardío por demás, debe ser analizado con prontitud por la JEP para definir su veracidad. Se deben tener presentes las consecuencias penales de una falsa autoincriminación que, implicaría también, afectar el curso de la justicia y afectar también el proceso a la Fiscalía”, aseguró el jefe de estado.
El mandatario señaló que los exmiembros de las Farc entregaron un inventario al inicio del Acuerdo de Paz el que reportaron “dinero en efectivo, divisas, oro, joyas de plata, semovientes, muebles, enseres, inmuebles, vehículos, armamento, infraestructura e inversiones por un valor total de 954 mil millones de pesos, según lo manifestó recientemente la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación”.
Sin embargo, después de ese, según el mandatario, no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventariados ni información necesaria para cumplir con ese propósito. Además, agregó que “más de la mitad del dinero inventariado fue registrado por las FARC con la observación de hurtado, incautado y desaparecido y el plazo inicial para su entrega ha sido prorrogado para final de este año”.
Por esa razón, el mandatario señaló que la JEP debe valorar y determinar si los miembros sometidos a ese mecanismo han cumplido con la reparación material a las víctimas, de lo contrario sería un incumplimiento en el régimen de condicionalidad.
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Esos hechos fueron señalados por el mandatario para exigir a la JEP resultados y sanciones ejemplarizantes para los máximos responsables de las Farc, en una nueva forma de señalar que los errores que podría haber tenido el mecanismo hasta el momento.
