El pasado 7 de enero de 2025, la delegación del Gobierno colombiano rechazó categóricamente las amenazas emitidas por la banda criminal Los Shottas, que opera en la región de Buenaventura.
La banda, conocida por su involucramiento en actividades ilegales en la zona, señaló en un comunicado que no permitirán los taponamientos en las vías de la ciudad, argumentando que estas obstrucciones afectan gravemente tanto la economía local como la del país.
El grupo criminal hizo un llamado a las organizaciones sociales y a la ciudadanía para que no tomen medidas de hecho como el cierre de vías.
El contexto de la paz urbana y la postura de Los Shottas
Los Shottas forman parte de los actores involucrados en el proceso de paz urbana, una iniciativa liderada por el Gobierno con el fin de reducir la violencia y lograr una integración pacífica de los grupos armados ilegales en la sociedad.
Esta iniciativa busca generar espacios de diálogo entre las autoridades y las bandas criminales, promoviendo una transición hacia la paz y la legalidad.
Sin embargo, el reciente comunicado de Los Shottas contradice el enfoque pacífico que caracteriza al proceso de paz urbana. En su declaración, el grupo manifestó que no tolerarán más taponamientos en las vías y se comprometió a impedir que la situación continúe, lo que ha sido interpretado como una amenaza directa al orden público y a las instituciones del Estado.
Rechazo ante la amenaza
El Gobierno colombiano no tardó en pronunciarse sobre las amenazas emitidas por Los Shottas. La delegación gubernamental expresó su rechazo a las declaraciones del grupo criminal, calificándolas como una clara contradicción con los principios de diálogo y construcción de paz promovidos por la administración. Las autoridades señalaron que los grupos armados ilegales no representan, en ningún caso, a las comunidades ni a la sociedad, y que su accionar va en contra del Estado Social de Derecho.
En su declaración, el Gobierno enfatizó que las organizaciones sociales que buscan expresar sus demandas tienen un único interlocutor legítimo: el Estado, representado por las instituciones de orden nacional, departamental, municipal o distrital. Por tanto, aseguraron que ninguna agrupación ilegal tiene la facultad de interponerse en los canales formales de expresión y protesta establecidos por la ley.
A pesar de la postura amenazante de Los Shottas, el Gobierno reiteró su compromiso con el proceso de paz urbana y con los espacios de diálogo socio-jurídico, como el que se lleva a cabo en Buenaventura con los grupos Los Shottas y Los Espartanos.
Estos encuentros tienen como objetivo generar un ambiente de conversación y entendimiento entre las autoridades y las bandas criminales, con el fin de abordar las demandas sociales y buscar soluciones pacíficas.
El Gobierno también aseguró que continuará apoyando estos espacios para que las demandas de las organizaciones sociales sean escuchadas y atendidas por las instituciones correspondientes. Para el Estado, es fundamental que las demandas se canalicen a través de los mecanismos legales, en lugar de recurrir a la violencia o la intimidación.
El futuro de la paz urbana y la convivencia en Buenaventura
El proceso de paz urbana en Buenaventura es un desafío complejo, pero también una oportunidad para la construcción de una sociedad más pacífica y justa. La amenaza de Los Shottas pone de manifiesto las tensiones que persisten en la región, pero también subraya la importancia de continuar con los esfuerzos de diálogo y reconciliación.
Es imperativo que el Gobierno mantenga su enfoque firme en la legalidad y en el respeto a los derechos humanos, asegurando que las demandas sociales sean atendidas dentro del marco legal establecido.
El conflicto en Buenaventura, como en muchas otras regiones del país, requiere de un compromiso conjunto entre el Estado, las organizaciones sociales, y los grupos armados ilegales para garantizar que la paz no solo sea un proceso de conversaciones, sino una realidad palpable para los habitantes de la región.
