La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Gobierno Nacional fortalecer las medidas de atención para la población de Ituango, Antioquia.
En los últimos días el desplazamiento forzado nuevamente ha tomado fuerza en el municipio de Ituango, Antioquia. Las miradas a nivel nacional se fijaron sobre ese territorio donde más de cuatro mil personas han huido de sus hogares debido a las amenazas por grupos armados ilegales.
"En relación con el desplazamiento masivo en Ituango, la Procuraduría adelantó una acción preventiva en la que solicitó incrementar la ayuda humanitaria y la intervención del Gobierno Nacional", señaló el Ministerio Público este viernes 30 de julio.
Así mismo, la entidad instó a las administraciones departamentales, locales y a los organismos internacionales, brindar la atención necesaria a las familias que han tenido que han sido desplazadas de su territorio por los grupos armados ilegales que operan en la zona.
La solicitud de hizo durante el Comité de Justicia Transicional que se adelantó este viernes. Allí, las comunidades solicitaron que se brinde garantías para sur regreso a las veredas afectadas por el flagelo.
Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación solicitó la verificación de las condiciones de seguridad y todo el acompañamiento por parte de la fuerza pública para que las familias, víctimas de desplazamiento forzado, puedan regresar a sus hogares.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó la activación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), peticiones que también fueron respaldadas por la Defensoría del Pueblo.
Desplazamiento forzado en Ituango, un problema histórico
En diálogo con Kienyke.com, Marco Romero, director de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), aseguró que este flagelo ha venido recrudecido por la falta de compromiso con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
"Estamos en un escenario que no esperábamos porque Colombia está en una transición asociada al Acuerdo de Paz, con instituciones para saldar las heridas del pasado", dijo Romero, y añadió que de las cerca de 10 millones de víctimas que dejó el conflicto armado, más de ocho millones son desplazadas.
De acuerdo con el director de Codhes, la disputa en Ituango por los territorios, el manejo de la población, las rutas del narcotráfico, entre otros, es protagonizada por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
"Es decir, es una zona con grandes recursos, con una economía política compleja, una zona con grandes problemas sociales", dijo Romero. Además, indicó que son tres fenómenos los que resaltan en esta problemática: la continuidad de dinámicas de violencia, surgimiento de nuevos actores más pragmáticos (como el cartel de Sinaloa en el Cauca o nuevas bandas criminales) y la falta de implementación del Acuerdo de Paz y de compromiso por parte del gobierno actual.
Marco Romero resaltó que es necesario ir a los temas de fondo y dejar de hacerle frente a este tipo de problemas con "las formulas del pasado", refiriéndose a la fumigación de cultivos y la militarización de los territorios.
