Hace unas semanas, varios habitantes del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, pasaron momentos de terror mientras eran amenazados por militares que se hicieron pasar por disidencias de Las Farc.
De acuerdo con el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, la situación ocurrió en el caserío El Manso, que hace parte del municipio de Tierralta, hasta donde llegó un grupo de hombres fuertemente armados, quienes en un "acto irracional" intimidaron a campesinos, mujeres con bebés en brazos e incluso niños presenciaron el hecho.
Dentro de este contexto, el Ejército Nacional realizó una investigación donde se determinó que los encargados de perpetrar este crimen serían pertenecientes al batallón de infantería número 33, encargado de operar en el sector.
Después de terminar las investigaciones, seis oficiales, cuatro suboficiales y ocho soldados profesionales fueron encontrados culpables y se procedió a retirarlos de la institución. Además, en el mismo comunicado, se anunció el traslado de otros 13 uniformados.
La labor del día a día de este batallón es combatir al grupo conocido cómo el “Clan del Golfo”, que tiene una presencia fuerte en el norte del país, especialmente en esta reconocida zona ganadera.
El día de los sucesos, este batallón supuestamente se encontraba realizando tareas de vigilancia tras una información que habían recibido acerca de una posible operación del grupo armado en la zona. Se creía que, por este caserío, pasaba una ruta ilegal de transporte de estupefacientes.
Lea también: ¿A qué hora es el Gran Debate Digital por Bogotá?
El comandante, que actuó como vocero de la institución, afirmó que los procedimientos que utilizaron durante la operación estarían fuera de los lineamientos estipulados por la institución y, además, de la ley.
Este hecho, por otro lado, será juzgado como una violación a los derechos humanos y será tratado a través de la línea fucsia debido a la presencia de mujeres y niños que se vieron afectados por las intimidaciones.
Aunque los militares ya fueron expulsados del ejército, la investigación de los hechos continúa y el proceso legal al que se enfrentan será tratado por fuera de la jurisdicción especial que cubre a las Fuerzas Armadas Colombianas.
