Ecopetrol históricamente ha sido una de las empresas más importantes para el desarrollo económico de Colombia y un símbolo de estabilidad y confianza en el mercado energético a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en los últimos meses, la credibilidad y el gobierno corporativo de la compañía se han visto cuestionados por la posible politización que pone en riesgo su viabilidad económica y sostenibilidad. Este hecho no solo amenaza la solidez financiera de la empresa, sino también la consistencia de las finanzas y la seguridad energética del país.
En enero de 2024, la calificadora Standard & Poor's bajó la calificación de Ecopetrol de "estable" a "negativa", debido a las preocupaciones sobre el posible desconocimiento por parte del ejecutivo del gobierno corporativo y la injerencia en las decisiones estratégicas de la empresa sin tener en cuenta criterios eminentemente técnicos. Posteriormente, en marzo, la consultora británica Control Risk, especializada en inteligencia corporativa y manejo de riesgos, alertó sobre el peligro reputacional de Ecopetrol tras las controversias en las que se ha visto envuelto el presidente de la compañía, que van desde la compra de un apartamento a precio de ganga al empresario Serafino Lacono (con intereses en el sector de los hidrocarburos), hasta investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral del presidente. A esto se suma la adjudicación de contratos de entidades públicas a personas cercanas al presidente del conglomerado sin que, al parecer, medie razón técnica.
La reciente renuncia de los dos miembros independientes de la Junta Directiva de Ecopetrol, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, es una alerta al manejo que viene teniendo la empresa y pone en evidencia que las decisiones de la compañía podrían responder a una agenda política, en lugar de fundamentarse en estrategias a largo plazo respaldadas en datos, proyecciones de mercado y riesgos calculados. De acuerdo con Echavarría y Zuleta, el Proyecto Oslo en la cuenca del Permian, Estados Unidos, había sido aprobado por la Junta Directiva en mayo de 2024. Sin embargo, fue cancelado por orden del presidente Gustavo Petro, aduciendo las preocupaciones del fracking, el endeudamiento y la transferencia de recursos al exterior.
La cancelación de este proyecto tiene implicaciones económicas significativas tanto en la empresa petrolera como en los ingresos de la nación que hoy se encuentran deteriorados. Según la carta, la adquisición del 30% del Proyecto Oslo habría aumentado un 10% las reservas y la producción de Ecopetrol, mejorando su posición competitiva en el mercado internacional y las utilidades en un 15%. Recordemos que en 2023 las transferencias de Ecopetrol a la nación representaron el 11% del presupuesto total, alcanzando los $58 billones de pesos, de los cuales, $22 billones fueron por concepto de dividendos, $26 billones por impuestos y $10 billones por regalías. Por lo tanto, si la empresa no logra desvincularse de estas sombras políticas, restaurar su independencia y centrarse en estrategias que la lleven por una senda de crecimiento, podría enfrentar consecuencias irreparables que afectarían su valor en el mercado, la soberanía energética del país y por ende las finanzas de la nación.
Además, es alarmante que se haya cancelado un proyecto que prometía incrementar en un 10% las reservas de petróleo y gas, especialmente en un momento crítico en el que se ha advertido sobre el riesgo de desabastecimiento de gas natural en el país que podría generar alzas en los precios afectando directamente al consumidor final. Este proyecto no solo representaba una oportunidad para fortalecer la seguridad energética de Colombia, sino que también era clave para reducir la dependencia de las importaciones de gas y asegurar un suministro estable de energía para la población.
Por esto, es importante que el Gobierno Nacional entienda que su injerencia en las decisiones estratégicas de la Junta Directiva de Ecopetrol no solo erosionan la confianza y credibilidad de la empresa, sino que ponen en peligro la estabilidad financiera del país y su seguridad energética. La cancelación de iniciativas claves, como el Proyecto Oslo, refleja cómo las agendas políticas pueden socavar iniciativas que son esenciales para el crecimiento sostenible y la competitividad de la empresa. Es crucial que se proteja el gobierno corporativo de la petrolera, que a la junta lleguen personas idóneas, que conozcan el sector y puedan potencializar el desarrollo de la industria. Solo así podremos garantizar que Ecopetrol continúe siendo un motor de desarrollo y un garante de la seguridad energética del país.
